El Parlamento de Canarias aprobó este miércoles, 12 de noviembre, la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, que sustituye al Decreto 113/2015 y establece el primer marco legal integral para la vivienda vacacional en el archipiélago. LEY La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, destacó que arranca “una nueva etapa de planificación y gestión urbanística” que busca equilibrar el derecho a la vivienda con una actividad económica que “ha llegado para quedarse”.
La norma fija que el 90% del parque residencial deberá mantenerse para uso habitual y sólo el 10% podrá destinarse a alquiler vacacional, introduciendo por primera vez topes cuantitativos y cualitativos por zonas o núcleos que deberán definir los ayuntamientos. NP APROBACION LEY Durante los próximos cinco años no se autorizarán nuevas viviendas vacacionales salvo que el planeamiento municipal las habilite expresamente; los consistorios contarán con seis meses para activar sus planes de inspección.
El texto blinda las Viviendas de Protección Oficial frente al uso turístico, veta los “pseudohoteles” —edificios completos de uso vacacional en manos de grandes tenedores— y obliga a que las viviendas de nueva construcción esperen diez años antes de poder destinarse al alquiler vacacional.
El Gobierno subraya que los pequeños propietarios que hoy cumplen la normativa podrán continuar su actividad con plena seguridad jurídica y anima a mantener la clasificación de actividad en los ayuntamientos para reforzar la transparencia del sector. NP APROBACION LEY Según los datos manejados por la Consejería, el 44,6% de las viviendas vacacionales está en manos de personas físicas, mientras que en torno al 55% de inmuebles y plazas es gestionado por entidades o propietarios extranjeros.
El director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, remarcó que la ley “ordena y regula, no limita”, y que el Ejecutivo facilitará a los municipios una ordenanza provisional tipo para agilizar su implantación. La sostenibilidad se define como garantía de calidad de vida presente y futura, con medidas frente a la gentrificación y la turistificación. La ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
