El Partido Popular de Canarias ha exigido al Gobierno de España un refuerzo inmediato de los medios materiales y humanos de la Policía Nacional y la Guardia Civil en el Archipiélago, así como la puesta en marcha de un plan urgente de inversiones para modernizar las comisarías.

Durante su intervención en la Comisión de Interior del Congreso, el diputado Juan Antonio Rojas denunció el deterioro de numerosas infraestructuras policiales en las islas, señalando que muchas dependencias se encuentran en edificios antiguos, obsoletos o que no fueron concebidos para uso policial.

El parlamentario subrayó la importancia estratégica de Canarias como frontera sur de Europa, con una presión creciente derivada de fenómenos como la inmigración, el narcotráfico y la intensa actividad turística. A su juicio, esta realidad no se refleja en la planificación de inversiones del Estado, lo que sitúa a las islas en una posición secundaria pese al esfuerzo que asumen los agentes.

Rojas advirtió de que la situación actual no solo afecta a la imagen de las instalaciones, sino que repercute directamente en la seguridad, la operatividad y las condiciones laborales de los efectivos. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, destacó que la antigüedad media de las comisarías supera los 60 años, citando casos como la de La Laguna, sin ascensor, o la del Distrito Norte de la capital, con problemas estructurales.

En la provincia de Las Palmas, también se detectan deficiencias importantes, como desprendimientos, sistemas contra incendios fuera de servicio y espacios insuficientes para el trabajo policial.

A estas carencias se suma la falta de equipamiento, con agentes que aún no disponen de chalecos antibalas individuales, escasez de cámaras corporales y un parque móvil envejecido. Además, el diputado criticó el retraso en la actualización de las dietas por comisión de servicio, especialmente relevante en Canarias por su mayor coste de vida.

El PP considera que estas deficiencias son especialmente preocupantes en un contexto de aumento de los indicadores de criminalidad y reclama un plan específico para Canarias que garantice infraestructuras dignas, medios adecuados y una respuesta acorde a las necesidades reales de seguridad en el Archipiélago.