La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, ha reclamado al vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, una respuesta urgente y diferenciada para Canarias ante las consecuencias económicas derivadas de la guerra de Irán.
Durante su intervención en el Pleno, Valido advirtió de que el conflicto internacional no será puntual, sino que forma parte de un escenario global de incertidumbre que está tensionando los mercados energéticos y logísticos. En este contexto, criticó la falta de información trasladada por el Ejecutivo central sobre las previsiones y medidas previstas.
La diputada nacionalista subrayó la especial vulnerabilidad del Archipiélago como región ultraperiférica, insistiendo en que “no todos los territorios son iguales” y reclamando políticas adaptadas a su realidad. En esta línea, reprochó que algunas medidas aprobadas por el Estado no se ajusten a Canarias, obligando a posteriores negociaciones para su aplicación.
Valido alertó de que el encarecimiento del transporte marítimo y aéreo impactará directamente en el precio de los productos y en la competitividad de la economía canaria, especialmente por su dependencia de la importación de hidrocarburos y su desconexión de redes energéticas continentales.
Además, puso el foco en el turismo, principal motor económico del Archipiélago, que representa en torno al 35% del PIB y sostiene a más del 40% del empleo. También destacó la situación de los territorios no capitalinos, donde la doble insularidad incrementa los costes y agrava los efectos de la crisis.
La parlamentaria advirtió de que ya se están produciendo consecuencias reales, como el retraso de inversiones empresariales o licitaciones públicas que quedan desiertas debido al aumento de costes. A su juicio, esta situación puede erosionar la estructura productiva y el poder adquisitivo de las familias.
Ante este escenario, Valido reclamó una estrategia basada en la anticipación y la adaptación, con medidas específicas para Canarias. Entre ellas, destacó la necesidad de impulsar la transición energética con inversiones en renovables y almacenamiento, así como flexibilizar las reglas fiscales para permitir una mayor capacidad de respuesta.
Asimismo, solicitó la creación de un espacio de coordinación permanente entre el Estado y las comunidades autónomas que permita actuar con mayor agilidad. La diputada concluyó defendiendo que Canarias no puede seguir siendo tratada como una excepción menor en la toma de decisiones estatales.
