Asamblea Majorera–Coalición Canaria Fuerteventura celebró este miércoles una asamblea y consejo político insular centrados en la proliferación de viviendas irregulares y el aumento del llamado “chabolismo” en distintos puntos de la isla, una situación que, según expusieron, ha crecido en los últimos años con el consumo indiscriminado de suelo rústico y ambiental.

Durante el encuentro participó el consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, quien analizó las diferentes tipologías de asentamientos detectadas actualmente en Fuerteventura, entre ellas contenedores adaptados, caravanas permanentes o viviendas prefabricadas instaladas en suelo rústico y que, en muchos casos, carecen de servicios básicos y condiciones mínimas de habitabilidad.

Desde la formación nacionalista se planteó la necesidad de coordinar actuaciones entre el Cabildo de Fuerteventura, los seis ayuntamientos de la isla y la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural para reforzar la inspección y las sanciones en materia urbanística y medioambiental.

Miranda señaló que detrás de esta realidad existen perfiles muy distintos, apuntando tanto a personas con dificultades para acceder a una vivienda como a casos relacionados con segundas residencias, usos recreativos o modelos de vida alternativos.

Además, durante la reunión se abordó la problemática de las parcelaciones ilegales en suelo rústico, donde se abren caminos y se instalan progresivamente viviendas con servicios como agua, luz o fosas sépticas. Según explicó el consejero, muchas de estas actuaciones están vinculadas a la especulación del suelo o a la expectativa de una futura legalización.

Otro de los puntos analizados fue la ocupación continuada de zonas del litoral y espacios naturales sensibles, donde la permanencia prolongada de personas o trabajadores temporales acaba generando asentamientos con fuerte impacto ambiental.

Desde AM-CC se defendió que este fenómeno no puede abordarse únicamente desde la sanción urbanística, ya que también existe un problema de acceso a la vivienda en la isla. No obstante, la formación insistió en la necesidad de actuar contra las edificaciones irregulares destinadas a segundas viviendas o vinculadas a procesos especulativos.

La organización también recordó que el actual Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura no permite construcciones residenciales en suelo rústico, salvo aquellas vinculadas a usos agrícolas autorizados conforme a la normativa vigente.

Entre las medidas planteadas destacan reforzar la información pública desde las oficinas técnicas municipales, intensificar la vigilancia sobre asentamientos ilegales, fortalecer el régimen sancionador y coordinar actuaciones con las policías locales. Asimismo, se apuesta por campañas de sensibilización sobre el impacto ambiental y territorial de estas construcciones.

Durante el encuentro también se abordó la situación del asentamiento ilegal ubicado en la entrada de Gran Tarajal, situado sobre suelo rústico en una zona inundable, una circunstancia que, según indicó Manuel Miranda, supone un riesgo para la seguridad de sus habitantes.