El Cabildo de Fuerteventura, los seis ayuntamientos majoreros y la Cámara de Comercio han suscrito un acuerdo institucional para exigir la recuperación de la conexión marítima entre Puerto del Rosario y la Península.
Las instituciones reclaman al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que la escala en Fuerteventura sea declarada de interés público e incluida de manera obligatoria y permanente en la Obligación de Servicio Público (OSP).
El encuentro estuvo encabezado por la presidenta del Cabildo, Lola García, los alcaldes de los municipios majoreros y el presidente de la Cámara de Comercio de Fuerteventura, Juan Jesús Rodríguez Marichal. También participaron el vicepresidente insular, Blas Acosta, y los portavoces de los grupos políticos con representación en la Corporación.
Una escala que hasta ahora era opcional
La Dirección General de la Marina Mercante ha comunicado al Cabildo que la escala de Puerto del Rosario no aparece como una obligación expresa en el contrato vigente, ya que este contempla únicamente las islas capitalinas.
Hasta ahora, la conexión con Fuerteventura se realizaba como una mejora ofrecida por la empresa adjudicataria. Su reciente suspensión estaría provocando incrementos de entre el 70 % y el 78 % en los costes del transporte marítimo.
“Fuerteventura no puede depender de la buena voluntad de una empresa. Nuestra conectividad es un derecho que debe estar garantizado”, manifestó Lola García.
Las instituciones solicitan una solución provisional que permita recuperar inmediatamente la escala regular mientras finaliza la nueva licitación pública, evitando que los sobrecostes continúen afectando a empresas y consumidores.
Mesa Insular Permanente
El acuerdo contempla también la creación de una Mesa Insular Permanente, integrada por el Cabildo, los ayuntamientos, la Cámara de Comercio y representantes de los sectores económicos. Su función será realizar el seguimiento de la nueva licitación y fiscalizar sus avances.
El documento será remitido al Gobierno de España, al Ministerio de Transportes, a la Dirección General de la Marina Mercante, al Gobierno de Canarias y a los representantes de Fuerteventura en el Parlamento autonómico, el Congreso y el Senado.
También se trasladará a los plenos de los seis ayuntamientos majoreros, a la Federación Canaria de Islas (FECAI) y a la Federación Canaria de Municipios (FECAM).
