El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, 6 de octubre, cuatro nuevas directrices básicas destinadas a mejorar la preparación y respuesta de las administraciones ante emergencias. Los textos regulan la planificación frente a accidentes graves con sustancias peligrosas, riesgos sísmicos y volcánicos, y las medidas de autoprotección.
Las directrices habían recibido el respaldo unánime del Consejo Nacional de Protección Civil el pasado mes de julio y forman parte de la actualización del Sistema Nacional de Protección Civil.
En el ámbito de las sustancias peligrosas, se establece un marco común para prevenir y gestionar incidentes en instalaciones que fabrican, almacenan o manipulan estos productos. La directriz actualiza los criterios de actuación ante fugas tóxicas, incendios, explosiones y vertidos contaminantes. También refuerza la alerta e información a la población y la coordinación entre administraciones, servicios de emergencia y empresas.
La directriz sobre riesgo sísmico fija los criterios esenciales para planificar la respuesta ante terremotos y fenómenos asociados. Incluye el análisis de vulnerabilidades, la preparación operativa, los sistemas de alerta y la protección de infraestructuras críticas y servicios esenciales.
En cuanto al riesgo volcánico, el nuevo texto incorpora medidas de vigilancia científico-técnica, alerta temprana, protección de la población y planificación de evacuaciones. También actualiza los procedimientos para gestionar emergencias de larga duración derivadas de procesos eruptivos.
La cuarta directriz establece los criterios y requisitos mínimos para elaborar planes de autoprotección en centros, establecimientos e instalaciones cuyas actividades puedan generar situaciones de emergencia.
Estas medidas se suman a las directrices aprobadas durante este año sobre fenómenos meteorológicos adversos, incendios forestales, inundaciones y transporte terrestre de mercancías peligrosas.
La Secretaría General de Protección Civil y Emergencias continúa trabajando en otras cuatro, relativas a riesgos biológicos, radiológicos, maremotos y accidentes aéreos. Según la previsión del Ministerio del Interior, su aprobación permitirá completar antes de finalizar el año un conjunto de doce directrices para la planificación ante las principales amenazas y emergencias.
