Jéssica de León defiende que la futura normativa contemple el uso residencial consolidado y que las soluciones se trabajen con los ayuntamientos.
La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias trabaja en una nueva regulación para dar respuesta a los propietarios que han consolidado el uso residencial de sus apartamentos en zonas turísticas. Así lo explicó la consejera Jéssica de León en el Parlamento autonómico, donde defendió la necesidad de abordar esta situación mediante el diálogo y la colaboración entre administraciones.
De León señaló que la actualización normativa debe tener en cuenta una realidad que se ha mantenido durante décadas en los complejos de apartamentos turísticos del archipiélago. Según indicó, la futura regulación recogerá medidas para que los propietarios que hayan consolidado el uso residencial de sus inmuebles puedan quedar fuera de la explotación turística. También abordará otras situaciones, como las viviendas vacacionales ubicadas en suelo turístico.
El papel de los ayuntamientos
La consejera destacó que el reconocimiento de estos usos requiere contar con los ayuntamientos, por sus competencias en ordenación urbanística y su conocimiento de las circunstancias de cada municipio. Asimismo, recordó que será necesario comprobar la adecuación de cada situación al planeamiento.
Durante su intervención, hizo referencia a una sentencia del 5 de octubre de 2026 que, según explicó en la Cámara regional, vuelve a poner de relieve el papel de las administraciones municipales en la acreditación del uso residencial.
«No nos gusta la ley, cambiémosla, es nuestro compromiso», afirmó De León, quien defendió la necesidad de adaptar la regulación a la situación de los propietarios que actualmente residen en estos complejos.
Una nueva ley para el sector turístico
Estas medidas se enmarcan en la elaboración de una nueva ley que unificará la Ley 7/1995, de Ordenación del Turismo de Canarias, y la Ley 2/2013, de Renovación y Modernización Turística de Canarias.
El texto abordará la renovación de los establecimientos alojativos, la sostenibilidad, la calidad de la oferta y la ordenación de los usos del suelo turístico. El objetivo es compatibilizar la actividad turística con la calidad de vida de la población residente y preservar la competitividad de Canarias como destino.
Según la información facilitada por la Consejería, la elaboración de la futura normativa ha contado con una consulta pública abierta en julio de 2025 y cinco mesas de trabajo con las dos universidades públicas canarias. En este proceso se recabaron 705 aportaciones.
