Los socialistas plantean reconocer las particularidades de los territorios menos poblados del archipiélago mediante una legislación propia que permita mejorar su financiación, los servicios públicos y las oportunidades de desarrollo.

El PSOE de Fuerteventura se ha marcado como objetivo promover una iniciativa legislativa para que el Parlamento de Canarias estudie la creación de una ley específica destinada a los municipios rurales de hasta 20.000 habitantes. La propuesta pretende otorgar un reconocimiento jurídico propio a los territorios del interior de las islas, que, según la formación socialista, han quedado en una situación de desventaja frente a los municipios turísticos y las grandes ciudades.

La iniciativa parte de la Secretaría Insular de Política Municipal del PSOE majorero, encabezada por José Cabrera, y busca trasladar al conjunto del archipiélago una propuesta que responde a las particularidades de las zonas rurales de Fuerteventura.

Cabrera considera que la aprobación de normas específicas para municipios sometidos a una elevada presión turística o con una importante concentración de población ha generado diferencias respecto a otros territorios que también presentan necesidades particulares.

«El necesario tratamiento jurídico específico para poblaciones tensionadas por el turismo o por la alta densidad de población ha provocado, por comparación y por ausencia de estatus jurídico propio, que el resto del territorio quede relegado a tierra de nadie», sostiene el dirigente socialista.

Una propuesta para los núcleos rurales de Fuerteventura

Según explica el PSOE, esta situación afecta especialmente a las poblaciones del interior de Fuerteventura, caracterizadas por una menor densidad de población, una actividad económica más limitada y una menor disponibilidad de determinados servicios.

La formación señala que esta realidad se extiende por diferentes localidades de La Oliva, Puerto del Rosario, Antigua, Pájara y Betancuria.

José Cabrera defiende que el reconocimiento jurídico de estos territorios permitiría abordar sus necesidades desde una perspectiva diferenciada, del mismo modo que se plantea para los municipios turísticos y las grandes ciudades.

El objetivo, según el PSOE, es impulsar a medio plazo una iniciativa parlamentaria que contribuya a equilibrar las oportunidades entre las distintas zonas de las islas, especialmente aquellas alejadas de los principales núcleos de actividad económica.

El modelo de Cataluña como referencia

La propuesta socialista toma como referencia la Ley 8/2025, de 30 de julio, del Estatuto de los Municipios Rurales de Cataluña, una normativa que contempla medidas destinadas a combatir la despoblación, mejorar la financiación municipal y garantizar la prestación de servicios públicos.

Entre los mecanismos recogidos en esa legislación figura la evaluación del impacto de las políticas públicas en los territorios rurales, así como la creación de instrumentos financieros específicos para favorecer su desarrollo.

La normativa catalana también contempla incentivos fiscales vinculados a la residencia, la adquisición y rehabilitación de viviendas y el alquiler en municipios rurales.

Entre estas medidas se incluyen deducciones autonómicas en el IRPF y beneficios relacionados con el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

El PSOE de Fuerteventura plantea estudiar la adaptación de este modelo a las particularidades del archipiélago, aunque la iniciativa todavía se encuentra en fase de propuesta política y no constituye un proyecto de ley registrado ni aprobado.

Reconocimiento jurídico y equilibrio territorial

Para José Cabrera, una legislación específica permitiría reconocer las particularidades de las zonas rurales y establecer instrumentos adaptados a sus necesidades económicas, sociales y territoriales.

El dirigente socialista considera que Canarias debe avanzar hacia un marco normativo que contemple las dificultades de estos núcleos de población y contribuya a reducir los desequilibrios dentro de cada isla.

La propuesta, que la formación sitúa como objetivo a medio plazo, pretende abrir el debate sobre la necesidad de dotar a los territorios rurales de un reconocimiento jurídico propio y de herramientas que favorezcan su desarrollo y la permanencia de la población.