El proyecto plantea cambios en la planificación urbanística, la renovación de suelo urbano y las sanciones. El texto continúa su tramitación y podrá recibir enmiendas.

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, presentó este miércoles, 11 de noviembre, en el Parlamento de Canarias el proyecto de modificación de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos, aprobada en 2017.

Según el Ejecutivo autonómico, la propuesta busca facilitar la construcción de vivienda protegida, reducir los tiempos de tramitación urbanística y reforzar los instrumentos de protección territorial. Estas medidas forman parte de un proyecto que continúa su recorrido parlamentario y todavía no constituye una reforma aprobada definitivamente.

En materia de vivienda, el texto propone favorecer las actuaciones de reforma y renovación en suelo urbano ya transformado, especialmente las destinadas a vivienda protegida. Para ello, plantea reducir las cargas de estas intervenciones respecto a las realizadas sobre suelo urbanizable sin transformar.

La propuesta también contempla elevar del 10 % al 15 % el aprovechamiento de cesión obligatoria a la comunidad por las plusvalías urbanísticas. Además, establece que la clasificación de nuevo suelo urbanizable lleve aparejada la desclasificación de una superficie equivalente.

En relación con la disciplina urbanística, el proyecto incluye ampliar de seis a nueve meses el plazo para resolver y notificar los procedimientos correspondientes y aumentar de 60 a 300 euros la cuantía mínima de las sanciones. También propone extender de quince días a un mes la vigencia de las medidas provisionales anteriores al inicio de un expediente.

Otros cambios afectan a los plazos de informes, consultas e información pública, así como al contenido mínimo de los planes generales. Entre las medidas figura reducir a la mitad el plazo de emisión de informes en determinados supuestos de cooperación entre administraciones.

Según la información facilitada por la Consejería, la elaboración del proyecto comenzó en noviembre de 2023 e incluyó 17 foros y encuentros con más de 700 profesionales y expertos.

El Gobierno ha solicitado su tramitación de urgencia. Tras el debate de primera lectura, los grupos parlamentarios podrán presentar aportaciones y enmiendas al texto.