Canarias inicia en Bruselas el debate sobre la saturación demográfica en las zonas turísticas

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El Gobierno canario solicita un informe a los servicios jurídicos sobre la limitación de la compra de viviendas por parte de ciudadanos extranjeros

El Ejecutivo presidido por Fernando Clavijo propone un foro sobre la súper población en el marco de la Conferencia de las Regiones Periféricas y Marítimas

El Gobierno de Canarias ha puesto en marcha una estrategia para abrir el debate sobre la saturación demográfica en las zonas turísticas. Es, según el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, una de las tareas marcadas por el Ejecutivo autonómico y que se suma a la celebración de la I Conferencia de Presidentes esta misma semana para abordar junto a los Cabildos el reto demográfico, así como, el trabajo iniciado con los 46 municipios canarios de menos de 10.000 habitantes y a la agenda marcada por la viceconsejería para el Reto Demográfico, puesta en marcha por este Gobierno.

En los planes más inmediatos del Ejecutivo figura, además, introducir el debate sobre la saturación poblacional en las zonas turísticas, problema que comparten otros archipiélagos y núcleos costeros europeos. Por este motivo, el presidente de Canarias ha solicitado formalmente a la Conferencia de las Regiones Periféricas y Marítimas de Europa, CRPM, la celebración de un foro monográfico en Bruselas, liderado por Canarias, que “nos permita analizar la situación y consensuar respuestas conjuntas a problemas comunes como el de la super población en estas zonas”.

Asimismo, el Gobierno canario ha solicitado ya a los servicios jurídicos un informe sobre la viabilidad de una reforma legislativa que permita establecer mecanismos para limitar la compra de viviendas por parte de capital extranjero en las islas. Existen territorios comunitarios que cuentan con estas limitaciones, pero su regulación es previa al ingreso en la Unión Europea. 

Entre esos territorios figura Malta, que entró en la UE en 2005, y en la negociación y acuerdo posterior añadió una disposición que impide a los ciudadanos europeos comprar más de una vivienda en la isla a no ser que sean residentes en Malta durante más de cinco años. Esta es la única forma de conseguir la autorización, conocida como la Acquisition of Inmueble Property Act (aiP Permit). El Gobierno de La Valeta adoptó precisamente esta medida por el reducido tamaño y el peso del sector turístico en su economía. Esta situación se repite en Finlandia que para su entrada en la UE incluyó una restricción en la adquisición de terrenos o viviendas para archipiélago de las islas Aland. De esta forma un europeo no finlandés necesita el permiso de las autoridades del para comprar una propiedad.

“Canarias lleva nueve meses dando pasos para avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible, un camino que hemos iniciado ya con los Cabildos y también con los ayuntamientos, pero es necesaria también la implicación del Estado y de la Unión Europea”, subrayó Clavijo. 

Asimismo, aseguró que el desafío demográfico “es un asunto que trasciende más allá de las Islas, es un reto que compartimos en mayor medida con otras islas y zonas costeras europeas y que requiere de un debate también en el seno de la UE”.

El objetivo del Gobierno de Canarias es con la convocatoria de este foro en Bruselas es marcarle la tarea a la futura Comisión Europea que resuelte elegida tras las elecciones y que las distintas fuerzas políticas incluyan la iniciativa en su hoja de ruta. 

Esta sería la primera iniciativa liderada por Canarias para abordar el reto demográfico en la Unión Europea, que quiere abordar en la CRPM porque es el foro europeo en el que están presentes todas las zonas costeras e islas europeas.  El Ejecutivo confía en que se pueda abrir el debate antes de la próxima Asamblea de esta organización el próximo año en Canarias, tal y como, se acordó en la última reunión celebrada la pasada semana en Punta Delgada, Azores.

La CRPM es una organización, de la que forma parte Canarias, creada en 1973 y que reúne a 150 regiones marítimas y costeras de 24 estados de la Unión Europea que tiene como principal objetivo la cohesión social, económica y territorial de las islas y zonas marítimas europeas y su encaje en las políticas con un impacto territorial que emanan de la UE.

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