El Gobierno de Canarias solicita reuniones con los tres ministros para abordar la situación de los 4.461 niñas y niños tutelados por el Ejecutivo tras seguir sin fecha la comisión de Migraciones

El presidente canario analizó hoy con el director general de Amnistía Internacional la atención y acogida de las personas llegada a las Islas durante la crisis migratoria más grave registrada hasta el momento en Canarias

El Gobierno de Canarias ha tramitado la solicitud de reuniones a los ministros de Derechos Sociales, Pablo Bustindoy; Migraciones, Elma Saiz; e Infancia, Sira Rego, para abordar la situación de los 4.461 menores no acompañados tutelados por la Comunidad Autónoma. Así lo trasladó hoy el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en una reunión con el director general de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, en la que abordaron la respuesta a la emergencia migratoria declarada en las Islas y mecanismos para mejorar la atención, especialmente, a los menores no acompañados.

Precisamente, durante el encuentro en el que también intervino la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, y el viceconsejero de Acción Exterior, José Luis Perestelo, se hizo hincapié en la necesidad de una interlocución fluida con el Gobierno del Estado para atender la emergencia humanitaria en la ruta atlántica. 

La entidad coincidió con el planteamiento del Ejecutivo canario de introducir una modificación en la Ley del Menor y establecer un mecanismo de corresponsabilidad del que participen el resto de las comunidades autónomas de forma que “no recaiga solo en Canarias la tutela y atención de los niños y niñas no acompañados”. Hay que tener en cuenta que desde 2021 hasta la actualidad se han derivado 365 menores a otros territorios y que en la última Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia se acordó derivar a otros 339 menores de las Islas a Península, pero todavía no se han llevado a cabo estas derivaciones que, no obstante, el Ejecutivo canario califica de “insuficientes”.

Precisamente, la consejera de Bienestar Social trasladó las medidas impulsadas por el Ejecutivo canario para dar respuesta a la mayor crisis migratoria registrada en las Islas, entre ellas el protocolo acordado con la Fiscalía Superior de Canarias para acelerar los procesos de determinación de edad. Este protocolo estableció, entre otras medidas, la incorporación de más medios materiales y humanos a esta labor y contempla incrementar el número de pruebas óseas que se realizan semanalmente.

Durante el encuentro se trataron otros asuntos, entre ellos, las medidas para reducir las listas de espera sanitaria en el archipiélago, entre ellas, el refuerzo de la atención primaria en la que ya trabaja el Gobierno de Canarias y la puesta en marcha de una red de centros, concretamente cinco recursos, que pondrá en marcha el Ejecutivo para atender a las víctimas de la violencia sexual.