Los nacionalistas ya habían advertido de que el traspaso de competencias no se ajustaba a lo recogido en el Estatuto de Autonomía
Canarias, a 8 de febrero de 2023
El senador por la Comunidad Autónoma de Canarias, Fernando Clavijo, registró este martes, la solicitud de comparecencia en el Senado de la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para explicar el “entuerto” tras la transferencia de Costas que se hizo efectivo el pasado 1 de enero.
Clavijo valoró el traspaso “como un acto de maquillaje político que solo ha servido para generar más caos y complicar la gestión de una materia de especial sensibilidad para el archipiélago como son las referidas a Costas”.
Fernando Clavijo calificó la trasferencia del Estado como “uno más de los fracasos que colgar al Gobierno de Ángel Víctor Torres que aceptó el traspaso a medias de unas competencias que no le permite resolver ni uno de los expedientes en curso, tal y como se comprometió y lleva vendiendo más de tres años”.
En este contexto, el senador recordó que los nacionalistas “ya advirtimoa que la letra pequeña del traspaso de competencias no se ajustaba a lo recogido en el Estatuto de Autonomía y que solo vendría a complicar más la gestión de Costas” como finalmente ha ocurrido pero “una vez más a este Gobierno le ha podido las prisas por salir en la foto que resolver los problemas de los canarios”.
Para el senador de Coalición Canaria la advertencia del Ejecutivo autonómico de acudir al Tribunal Supremo para dirimir sobre quién tiene las competencias en la continuidad de los expedientes en curso “no solo indica que el Gobierno de Canarias no hizo bien su tarea y una vez más no veló por los intereses de Canarias; sino que volvió a subordinar los intereses de Canarias a los de sus jefes en Madrid”. Clavijo señaló que es “injustificable” que el Estado siga tutelando expedientes tras la transferencia de las competencias “complicando así su resolución. En particular se refirió a los dos hoteles de Fuerteventura – Oliva Beach y Tres Islas- del que depende
el futuro de 800 trabajadores y sus familias y “cuya salida no solo no ha llegado con la transferencia de Costas sino que podría complicarse y dilatarse aún más en el tiempo por la falta de diligencia del Gobierno de Canarias”.
