Ambas administraciones solicitaron hace un año que se dejara sobre la mesa la autorización de este proyecto e iniciaron acciones legales contra el mismo, ya que afecta al desarrollo urbano de la capital majorera y a la vida de sus vecinos.

El Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Puerto del Rosario han logrado que el Gobierno de Canarias declare, a inicios de semana, la improcedencia del proyecto de parque solar de 11,5 megavatios de potencia junto al barrio de Majada Marcial. 

Ambas administraciones mostraron en su momento su rechazo a este y otros proyectos de parques fotovoltaicos en el municipio de Puerto del Rosario por no respetar el planeamiento insular y municipal. En este caso, además, el Parque Solar Fotovoltaico las Cabras es el de mayor extensión, 232.600 metros cuadrados, impidiendo el desarrollo urbano de la capital majorera. Tal es así, que el Cabildo de Fuerteventura y Ayuntamiento de Puerto del Rosario pidieron r al Gobierno de Canarias, hace un año, que dejara sobre la mesa su autorización.

La presidenta insular, Lola García apunta que “desde que conocimos las intenciones de llevar a cabo estos proyectos siguiendo la vía excepcional del interés general, nos dirigimos al Gobierno de Canarias para que anulara las autorizaciones”. Además, “iniciamos acciones legales contra la orden por la que se declara su interés general, así como contra ocho órdenes dictadas por la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial”.

La declaración de su improcedencia por el ejecutivo autonómico “es un paso más para reforzar el posicionamiento de las instituciones insulares, celebramos que nos hayan escuchado, pero el contencioso-administrativo interpuesto sigue su vía judicial para que se nos garantice con la máxima seguridad jurídica que no se va a realizar”, afirma Lola García.

Por su parte, el alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, aplaude la decisión del Gobierno de Canarias, “pero estaremos vigilantes para que no se utilice la vía excepcional de la Ley del Sector Eléctrico de Canarias para imponer instalaciones de este tipo saltándose el planeamiento urbanístico y territorial, afectando al bienestar de la ciudadanía y el desarrollo del municipio”.

Al mismo tiempo ambos representantes políticos, agradecieron al Consejo de Gobierno, del Gobierno de Canarias, así como a consejería de Transición Ecológica, el haber tenido en cuenta la petición de las instituciones, en este caso concreto.