- Julio Pérez señala que los adoptados en las últimas sesiones celebradas por el Consejo de Gobierno insular no parecen ajustados a derecho, pues un órgano colegiado no puede formarse solo por dos personas
- Sí son, dice, indiscutiblemente, contrarios al sentido común y a las reglas democráticas básicas, dos no pueden gobernar una corporación de 23
- El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad hace un llamamiento a los que sí pueden, el Estado o los 21 consejeros restantes, para que actúen y contribuyan a corregir una anomalía democrática y legal
- Recuerda que, en los últimos cuatro años, el Ejecutivo canario ha impugnado 48 casos de ayuntamientos y cabildos, 17 de ellos resueltos antes de ir a juicio, y que ahora están examinando la validez de uno que afecta a las competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias
El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha explicado este martes, en el Parlamento de Canarias, que el Gobierno canario solo puede impugnar los acuerdos que tratan de materias que son de su competencia, y no otros, y por eso es muy dudoso que pueda ir más allá y controlar el funcionamiento del Cabildo de Fuerteventura sobre cualquier materia.
Julio Pérez ha señalado que los acuerdos adoptados en las últimas sesiones celebradas por el Consejo de Gobierno del Cabildo de Fuerteventura no parecen ajustados a derecho, a pesar de que tienen algunos informes favorables y también otros desfavorables, ya que van en contra de un principio jurídico básico, que es que un órgano colegiado no puede formarse solo con dos miembros, “dos no hacen colegio”, ha resaltado.
A su juicio, parecen contrarios al derecho o, al menos, son polémicos o discutibles desde el punto de vista legal. Sí son, indiscutiblemente, según ha apuntado, contrarios al sentido común, ya que, en primer lugar, el quórum y las mayorías en primera convocatoria no pueden ser menores que en la segunda, y a las reglas democráticas básicas, dos no pueden gobernar una corporación de 23.
El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha manifestado tanto la incomodidad del Gobierno canario con esta situación como su imposibilidad de intervenir, según sus propios Servicios Jurídicos, y ha hecho un llamamiento al Estado y a los 21 consejeros que ahora mismo integran la oposición, para que actúen y contribuyan a corregir esta anomalía democrática y legal.
Julio Pérez ha insistido en que la Comunidad Autónoma no está legitimada para actuar, pues, si lo estuviera, lo haría, como ha ocurrido, a lo largo de esta legislatura en 48 casos de ayuntamientos y cabildos que afectaban a sus competencias. Diecisiete de ellos han sido resueltos antes de llegar al juicio. Ahora, ha afirmado, los servicios técnicos de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y de otra consejería están examinando la validez de uno que sí afecta a la Comunidad, para, si así fuera, formular la impugnación judicial correspondiente.
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Julio Pérez deja clara la posición del Gobierno ante el futuro del Sahara: “defender los intereses de Canarias”
- El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad asegura que las opiniones no coincidentes sobre este asunto, de los cuatro partidos que apoyan al Ejecutivo, no impiden que tengan una posición común
- Reitera el rechazo del Gobierno a cualquier actuación unilateral de los países vecinos que pueda mermar o poner en riesgo los derechos o los intereses de Canarias, y el apoyo a que las soluciones a los conflictos del Sahara sean de común acuerdo, y en el marco de las resoluciones de la ONU y del Derecho Internacional
- Respalda la presencia y participación activa de Canarias en los foros, comisiones y grupos de trabajo que estudien y hagan propuestas sobre los intereses canarios, así como la conexión intensa y continua con Asuntos Exteriores para el efectivo cumplimiento de estos objetivos
El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha dejado claro este martes, en el Parlamento de Canarias, que la posición común del Gobierno presidido por Ángel Víctor Torres, ante el futuro del Sahara Occidental, es “la defensa de los intereses de Canarias”, y que las opiniones no coincidentes sobre esta materia, de los cuatro partidos que apoyan al Ejecutivo, no impiden mantener una posición colegiada acerca de lo que tiene que hacer el Gobierno.
Julio Pérez ha reiterado el rechazo del Ejecutivo canario a cualquier actuación unilateral de los países vecinos al Sahara Occidental, que pueda mermar o poner en riesgo los derechos o los intereses del archipiélago, y ha recordado lo señalado por Torres en este sentido, “ni un milímetro de pérdida de nuestros derechos territoriales”.
Ha resaltado el respaldo de los cuatro partidos que conforman el Gobierno a la presencia y participación activa de Canarias en los foros, comisiones y grupos de trabajo que estudien y hagan propuestas sobre los intereses canarios, hecho que está ocurriendo, así como la conexión intensa y continua con el Ministerio de Asuntos Exteriores para el efectivo cumplimiento de estos objetivos y estar permanentemente informados sobre estas materias.
Igualmente, ha hecho hincapié en que las opiniones no coincidentes tampoco han impedido mantener un punto de unión como es el apoyo a que las soluciones al conflicto del Sahara sean de común acuerdo y en el marco de las resoluciones de la ONU y del Derecho Internacional.
El también portavoz del Gobierno canario ha indicado que el futuro del Sahara no es el único asunto en el que discrepan los socios del Ejecutivo, pero esas diferencias, ha dicho, “no nos impiden gobernar ni haber proporcionado estabilidad y contribuido a mejorar la situación de Canarias”.
