La voluntad del pueblo majorero une a la mayoría de las fuerzas políticas
· Paralizar las investigaciones sobre la existencia de tierras raras en nuestro territorio, cada vez más cerca
La aprobación por parte de la mayoría de la cámara del texto de la PNL de Nueva Canarias en la que se incluyeron la totalidad de las enmiendas que de manera conjunta habían presentado PP, CC, ASG y Grupo Mixto, es celebrada por los Populares Majoreros quienes se hacen eco de las palabras de la diputada regional Luz Reverón: “si el parecer del pueblo de Fuerteventura es que no quieren el estudio de estas materias primas, tendremos que hacerlo desde la legalidad, y por supuesto recogiendo la voz al pueblo majorero, que ha hablado alto y claro, y de ahí el sentido de nuestras enmiendas”.
En ese sentido, hay que hacer mención a las enmiendas realizadas, así, se acordó instar al gobierno de Canarias a paralizar la tramitación de las solicitudes de investigación que se encuentre en trámite, iniciar los procedimientos de revisión previstos en la legislación vigente a los efectos de paralizar cualquier tipo de autorización relativa a los permisos de investigación, a no tramitar nuevas solicitudes de exploración, investigación o extracción de “tierras raras” sin que se haya realizado una consulta previa al Cabildo Insular y los Ayuntamientos afectados, a que facilite al Cabildo Insular y los ayuntamientos majoreros toda la información y documentación pertinente relativa a la relación de solicitudes de permisos de exploración, investigación y explotación de tierras raras concedidas y en trámite en los últimos diez años en Fuerteventura, a que recabe previamente el parecer del Cabildo Insular de Fuerteventura y los Ayuntamientos afectados, en la financiación de proyectos de investigación -públicos o privados- relacionados con las “tierras raras” en Fuerteventura, a que no permita la tramitación de los permisos mineros por separado y de forma individualizada, cuando estos realmente forman parte de un plan conjunto, que requiere de una Evaluación Ambiental Estratégica, para que a su vez inste al Gobierno de España a llevar cabo las modificaciones pertinentes en la Ley de Minas y que así se dote a Canarias de :”las máximas garantías medioambientales y por supuesto, la audiencia
previa a las administraciones territoriales y urbanísticas afectadas, así los canarios decidiremos lo que queremos para nuestro territorio”.
