La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Rosa Bella Cabrera defiende en el Pleno de la Cámara regional la moción socialista que solicita la suspensión temporal de la concesión de nuevas autorizaciones de viviendas vacacionales en Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote hasta la aprobación del Anteproyecto de Ley, por el “alarmante” ritmo de crecimiento en los últimos meses
· “Lo importante es parar un crecimiento distorsionado ocasionado por las expectativas especulativas generadas por el propio Gobierno de Canarias con el anuncio del Anteproyecto de Ley”
· El Grupo Socialista alerta de un crecimiento interanual de las viviendas vacacionales de un 42,6%, con 15.000 nuevas viviendas desde septiembre de 2023 hasta ahora. “En el mismo periodo, Baleares ha reducido sus viviendas vacacionales en un 1,2%”
Canarias, 11 de junio de 2024.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Rosa Bella Cabrera ha defendido este martes [11] en el Pleno de la Cámara regional la moción socialista que pide al Gobierno de CC y PP la suspensión temporal y de forma inmediata, de la concesión de nuevas autorizaciones de viviendas vacacionales en Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote hasta que se apruebe la nueva Ley, como consecuencia del “efecto llamada” de la nueva normativa desarrollada por el Ejecutivo autonómico que “pone en peligro” el acceso a la vivienda de la ciudadanía canaria.
Cabrera destacó que lo “importante” es parar un crecimiento “distorsionado” y ocasionado por las “expectativas especulativas” generadas por el propio Gobierno de Canarias. “Canarias es la cuarta comunidad con más viviendas de uso turístico y de ahí nuestra propuesta, y cuando lo hayamos conseguido, les propondremos profundas mejoras para ir en la misma línea que marca el anteproyecto, reduciendo su impacto en los pequeños propietarios”.
La diputada socialista criticó que la política del Gobierno canario y en especial de la Consejería de Turismo ha “desfigurado” el mercado de la vivienda en Canarias en el último año. En concreto, de 2015 a 2023, se habilitaron 40.000 nuevas viviendas vacacionales, y desde septiembre de 2023, cuando se anunció el Anteproyecto de Ley, hasta ahora, han sido 15.000 nuevas viviendas. “Estamos hablando de un crecimiento interanual en torno a 42,6%, cuando en Baleares las viviendas vacacionales se han reducido un 1,2% en el mismo periodo”.
Para Cabrera, el Gobierno podría aprobar una moratoria o suspensión temporal de nuevas licencias mediante un Decreto Ley mientras se tramita la modificación legal, como hizo el anterior Gobierno de Ángel Víctor Torres paralizando las licencias de las nuevas salas de juego. “No sabemos por qué lo que funcionaba antes, ahora no vale”.
Además, insistió en que los efectos del crecimiento de viviendas vacacionales no están siendo los mismos en todas las islas, siendo especialmente negativos en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.
También alertó que cuando se apruebe la Ley en el Parlamento de Canarias “será tarde”, ya que las limitaciones que está proponiendo el Gobierno serán mucho menos efectivas porque habrá situaciones jurídicas consolidadas. “Habrá una nueva realidad que tendremos que abordar como legisladores cuando entre el proyecto en la Cámara regional”. Para Cabrera, esta fórmula ya funcionó en 2001 con la Ley de medidas urgentes para frenar el crecimiento hotelero y de apartamentos.
En la moción socialista también apuestan por el refuerzo de la plantilla de inspectores para conocer “con certeza” el número de viviendas vacacionales ilegales que hay en Canarias, así como contar con un cuadro de mandos para consultar la evolución de la oferta alojativa por islas que permita un criterio estable de cuantificación.
Desde el Grupo Socialista entienden que la vivienda vacacional es una modalidad de alojamiento que está contribuyendo, en algunos casos, a la distribución del turismo por el territorio y a mejorar las rentas de las familias humildes; pero también consideran que es importante parar su “crecimiento desproporcionado y distorsionado” por expectativas especulativas generadas por el propio Gobierno, “que, además, está teniendo efectos directos sobre la calidad de vida local”.
