López Landi: “Las universidades públicas canarias están pidiendo auxilio por el incumplimiento del Gobierno con su financiación”

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    La portavoz de Cultura y Universidades del Grupo Parlamentario Socialista, Yaiza López Landi, denuncia que el Gobierno de Canarias solo aumente en 3,6 millones de euros la partida para las universidades públicas en el Presupuesto de 2024, siete veces menos de lo pactado en el acuerdo de financiación suscrito en la legislatura pasada*

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·        “Ustedes van a incumplir por falta de voluntad política. Este Presupuesto es insuficiente, les supondrá un lastre para las anualidades futuras y no garantiza la equidad en el acceso a los estudios superiores”

La portavoz de Cultura y Universidades del Grupo Parlamentario Socialista, Yaiza López Landi, ha denunciado la partida prevista por el Gobierno de Canarias en los Presupuestos de 2024 para las dos universidades públicas canarias, al considerar que incumple con el acuerdo de financiación suscrito en la pasada legislatura, supone una “lastre” para sus anualidades futuras y no garantiza la equidad en el acceso a los estudios superiores.

La diputada socialista asegura que este incumplimiento se debe a la “falta de voluntad política” del actual Gobierno canario, y que, tal y como han denunciado los rectores de ambas universidades, no solo dejan en “quiebra técnica” a estas instituciones, sino que supone una “llamada de auxilio” por unos presupuestos “decepcionantes”.

En este sentido, apunta que con estas partidas se hace imposible la supervivencia de las dos universidades públicas canarias, y recuerda que en la pasada legislatura se dejó acordado un contrato programa de financiación plurianual que preveía para 2024 una ampliación de la financiación en 26 millones de euros. “Supone un incremento de solo 3,6 millones de euros, siete veces menos de lo pactado, y además, no se les permite utilizar el remanente de tesorería como en 2023, que supuso cuatro millones de euros”.

Para López Landi, las universidades públicas canarias “ya no piden certidumbre”, lo que piden ahora es “auxilio”, junto al “lastre” que les supondrá para las anualidades futuras. “Y todo esto en un Presupuesto que crece 1.121 millones de euros como tanto les gusta repetir y un alumnado y familias a las que también les afecta el incremento del IPC, los alquileres y la cesta de la compra”.

Además, critica la congelación de las becas en 11 millones de euros. “Con 1.121 millones de euros de más en el Presupuesto, nos preguntamos por qué no se les ocurrió alguna fórmula para que las becas no sigan congeladas. La partida para traslados desde otras islas aumenta en 100.000 euros, pero una vez en Tenerife o Gran Canaria, el alumnado tiene que hacer frente a la subida de los precios y los gastos”.

“Son unos Presupuestos insuficientes y que además no garantizan la equidad en el acceso a los estudios superiores. Cuando han podido hacer algo, no han hecho nada”, añadió.

La diputada recuerda que el Partido Socialista “se puso manos a la obra” en la legislatura anterior para cambiar el modelo de financiación anterior aprobado en 2017 por Coalición Canaria, que dejaba infradotados a los centros educativos de referencia y no se ajustaba a la realidad, materializando un modelo de financiación plurianual consensuado con el sector educativo que se adecuaba a la Ley del Sistema Universitario.

Modelo consensuado y adaptado a la normativa

Este modelo garantizó el aumento de las partidas económicas específicas para las dos universidades en 26 millones de euros, unidos a los 11 millones de euros comprometidos por el Gobierno central. “La actual financiación, sin embargo, y como denuncian los rectores, deja a ambas universidades en quiebra técnica y es decepcionante”.

Aclaró que fue un modelo que se encargó a expertos nacionales, que se ajustaba las necesidades actuales y futuras de las universidades, vertebrándose en los tres ejes de financiación previstos en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). También cumplía con todos los requisitos establecidos en esa normativa, por lo que el Archipiélago se adelantaba a otras comunidades autónomas en su aplicación.

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