Drago Canarias presenta alegaciones al anteproyecto de ley de vivienda vacacional y propone moratoria, reducción de licencias y tasa turística

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Drago Canarias avisa que el anteproyecto de ley propuesto por el Gobierno de Canarias esconde un aumento de casi el doble de licencias para vivienda vacacional.

El partido también señala que la ley propuesta supone continuar apostando por el modelo desarrollista y de masificación turística que impera en Canarias en la actualidad.

El Bloque Confederal de Análisis Territorial y Sostenibilidad de Drago Canarias ha estudiado en profundidad el anteproyecto de ley de ordenación sostenible del uso turístico de viviendas del Gobierno de Canarias, y como medida principal entiende que se debe apostar por una moratoria inmediata en todo el archipiélago, además de reducir las licencias que ya existen en en la actualidad. Asimismo, se ha consensuado la necesidad de aprobar una tasa turística que se destine a proteger el territorio, a comprar vivienda vacía para alquiler social y a mejorar los servicios públicos. En total, el análisis del anteproyecto de ley realizado por El Bloque Confederal de Análisis Territorial y Sostenibilidad de Drago Canarias recoge las siguientes conclusiones y propuestas:

1. Se recogen datos inexactos en la exposición de motivos de la norma, pues más de la mitad de las plazas se encuentran deslocalizadas, así como que hay 20 establecimientos que declaran tener 0 plazas turísticas mientras que en internet comercializan cientos de ellas.

2. Desde que comenzó la exposición pública de la norma se han incrementado en 16.000 las plazas de viviendas vacacionales, por lo que se exige la aprobación inmediata de una moratoria en la concesión de licencias hasta que entre en vigor la ley.

3. El anteproyecto traslada la responsabilidad regulatoria a los municipios sin que se especifique en la norma cuáles van a ser los mecanismos de cooperación interadministrativa.

4. Se establece una reserva en la edificabilidad del 10% para las islas turistificadas, que aumenta hasta un 20% para las islas verdes, lo cual va a provocar un aumento incontrolado de nuevas licencias para vivienda vacacional, hasta casi duplicar las que existen en la actualidad.

5. Teniendo en cuenta que la vivienda vacacional supone el 36 % del total de camas turísticas, casi 237.000 plazas turísticas y que se traduciría en unos 800 hoteles, lo que cabe es la aprobación de una moratoria inmediata y permanente de la concesión de nuevas licencias en todo el archipiélago.

6. De igual manera, en aquellos municipios, localidades, barrios o distritos que las plazas de viviendas vacacionales superen el 2 % de la edificabilidad residencial, el 10 % de la población censada o el 2 % del parque inmobiliario, habrán de reducir las licencias de la siguiente forma:

a. Definición de la figura del gran tenedor para que quien tenga más de 2 viviendas vacacionales transforme el resto en residencial.

b. Los titulares habrán de tener su residencia o actividad económica en el municipio.

c. Las viviendas que no se encuentren adaptadas a la nueva normativa de ordenación turística habrán de transformarse en 1 año en residencial.

d. Las viviendas que tengan menos de 10 años desde su construcción habrán de transformarse en 1 año en residencial.

7. El anteproyecto no establece ningún plan de choque para combatir la oferta ilegal de vivienda vacacional, por lo que se propone la interconexión de los registros de las administraciones públicas con las plataformas digitales que las comercializan, además de incrementar el personal de inspección turística.

8. Los edificios o complejos de vivienda que se comercializan como vacacional para evitar la

aplicación de la normativa de ordenación turística tendrán un plazo de 3 años para transformarse en las categorías adecuadas si el planeamiento lo permite o en otro caso habrán de clausurarse o destinarse a residencial.

9. El anteproyecto no prevé la imposición de tasas turísticas, por lo que se propone su implantación con un rango de 2 a 5 € por persona y pernoctación, modulado en función del porcentaje de vivienda vacacional que haya en el término municipal, que se extienda al resto de establecimientos turísticos y que el dinero recaudado se destine a la conservación y protección del medio ambiente, a mejorar los servicios públicos y a la compra de vivienda vacía para destinarla a alquiler social.

10. Teniendo en cuenta el impacto y la proliferación de viviendas vacacionales a lo largo de toda Canarias, no se entiende que se regule la figura de la declaración responsable en lugar de la autorización previa, como una forma de controlar y asegurar que se cumple con la nueva normativa de ordenación turística.

11. El anteproyecto no define con claridad la suspensión de la concesión de nuevas licencias por mercado residencial tensionado, por lo que se propone remitir a la normativa estatal o aprobar normas subsidiarias.

12. Los estándares que han de cumplir las nuevas viviendas vacacionales son un brindis al sol, que además nada dicen de la reducción del consumo de agua, la obligatoriedad de que su sistema de saneamiento esté conectado a las redes generales o que se apliquen medidas para reducir los residuos.

13. Se propone el aumento del IBI y de las tasas de basura sin que quepan bonificaciones.

14. Debería incluirse la capacidad de carga de los PIOT para conceder vivienda vacacional, junto con la afectación al patrimonio histórico-cultural, necesidades de vivienda residencial o contabilizar el resto de las plazas turísticas.

15. Se propone eliminar la disposición transitoria tercera sobre incentivos que esconden un

aumento de licencias de vivienda vacacional.

16. Se propone reducir el periodo de 5 a 2 años para adaptarse a la nueva normativa.

En definitiva, frente al modelo desarrollista y de masificación turística, Drago Canarias apuesta por un decrecimiento generalizado del turismo de masas, depredador del territorio y de las personas que habitamos en él, que incluye la moratoria y reducción de licencias de vivienda vacacional, cada vez más en manos de entramados financieros, inmobiliarios, bancarios, especulativos y de extranjeros de alto poder adquisitivo, que extraen la riqueza generada en Canarias para acabar en el continente europeo.

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