El Gobierno aprueba la modificación de la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias

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Dicho texto será una herramienta más útil y realista, además de crucial, para garantizar el futuro sostenible de las islas

Entre las modificaciones, una mayor concordancia con el régimen nacional y agilización de proyectos de transición energética y adaptación al cambio climático

Se han mantenido más de 50 reuniones de trabajo y se ha creado un órgano de cogobernanza representando a cabildos, ayuntamientos y agentes económicos y sociales

El Consejo de Gobierno de Canarias aprueba hoy, lunes 24 de junio, a propuesta de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, que dirige Mariano H. Zapata, el decreto ley que modifica la actual Ley 6/2022 de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias.

Una medida crucial para acelerar la transición energética de las islas y adaptarse a los desafíos del cambio climático, enfocada en un futuro más sostenible.

Este decreto Ley tiene por objetivo, en primera instancia, acatar los requerimientos de la Comisión Bilateral Canarias-Estado, que exigía modificar 11 de sus puntos para cumplir con la legalidad. Además busca dar respuesta efectiva ante la situación de emergencia energética declarada en octubre de 2023 y alinearse con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que establece una meta del 58% de penetración de energías renovables en Canarias para 2030, frente al actual 20%.

Según explicó el consejero Zapata ante el Consejo de Gobierno, esta modificación pretende “corregir errores del pasado, adoptar nuevas medidas clave para la adaptación al cambio climático, posicionar a Canarias a la vanguardia en la lucha contra el cambio climático, y además, generar nuevas oportunidades de empleo y riqueza”.

Un texto que, además “ha escuchado las demandas sociales, científicas y técnicas de nuestra emergencia climática y energética, manteniendo más de 50 reuniones sectoriales de trabajo con administraciones, organizaciones y agentes externos para incluir aportaciones técnicas de relevancia y lograr el consenso”.

En definitiva, esta nueva ley contempla un documento más trasversal, operativo y con una importante simplificación burocrática de su contenido, que aporta garantías y seguridad jurídica para agilizar la tramitación de nuevos proyectos de transición energética y adaptación al cambio climático para dar respuesta a la urgencia de las emergencias actuales.

Tras su aprobación en Consejo de Gobierno, entrará en vigor al día siguiente y posteriormente, se dará traslado al Parlamento de Canarias para su ratificación por parte de todos los grupos parlamentarios.

Las modificaciones del decreto ley

Entre las modificaciones principales de dicha ley, en lo que respecta a la transición energética, se crean, en coordinación y consenso con los cabildos insulares, las Zonas de Aceleración de Renovables. Unos espacios en los que se dará agilidad a la implantación de renovables, garantizando la protección ambiental del territorio. En esta línea, y en esa apuesta por las renovables a pequeña escala, se contempla también la posibilidad de accionariado en proyectos de energías renovables en suelo, de más de 2MW (un 20%).

Asimismo, el aprovechamiento de suelos ya en uso, conocidos como antropizados, también se incluirá para implantar nuevas energías limpias.

Por otro lado, se creará el Ente Canario de la Energía, cuyo objetivo será el desarrollo del autoconsumo en el sector público autonómico en lugares como hospitales o institutos, la colaboración en proyectos de innovación, (tanto energéticos como de adaptación) y la asistencia técnica a la Consejería.

En lo que respecta a la lucha contra el cambio climático, se crearán los Proyectos de Acción Climática. Una fórmula para actuar con agilidad y priorizar proyectos que mitiguen problemáticas como olas de calor, subida del nivel del mar o aumento de las temperaturas. Para ello, se simplificarán trámites burocráticos y se darán facilidades administrativas, como apuesta innegociable y vital para lograr una adaptación real al cambio climático.

Vinculado también a esta adaptación y mitigación, y favoreciendo la gobernanza y comunicación entre organismos públicos, se crean la Comisión Canaria de Acción Climática y Energía, como coordinación y colaboración con las diferentes consejerías del Gobierno y la Oficina Canaria de Acción Climática, dentro de la propia Consejería de Transición, como órgano propulsor de dichas actuaciones.

La participación de cabildos y ayuntamientos también ha sido fundamental. En este sentido, se crearán nuevos instrumentos autonómicos para impulsar su colaboración y coordinación, agilizando la subrogación de competencias. En el caso de los primeros, se crean los Planes Insulares de Acción Climática (PIAC) y en los segundos, los Planes de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES).

Un decreto ley fruto del consenso

Durante el proceso de preparación del nuevo decreto ley se han mantenido más de 50 reuniones sectoriales de trabajo con numerosas administraciones, organizaciones y agentes externos para incluir aportaciones técnicas de relevancia y lograr el consenso.

Fruto de estas conversaciones, se incluye en la nueva ley la creación de la Red Canaria de Acción Climática. Un órgano de gobernanza en el que estarán representados cabildos, ayuntamientos y agentes económicos y sociales y cuyo objetivo será el de colaborar en el diseño y seguimiento de las políticas adoptadas en materia de cambio climático.

Entre las citadas reuniones, destacan las mantenidas con el Comité de Expertos para el Estudio del Cambio Climático y Fomento de la Economía Circular y Azul, piedra angular para el desarrollo de la Ley.

Asimismo, se han mantenido varios encuentros con los integrantes de la Mesa de Energía Renovable, liderada por la consejería de Transición Ecológica y la colaboración del resto de áreas de Gobierno afectadas como las Consejerías de Turismo y Empleo, Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas o Hacienda. También se han implicado en el proceso agentes económicos y sociales, como las universidades canarias, La FECAM, el Comité de Expertos de Agenda Canaria 2030 o colectivos como Salto a la Transición Energética.

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