En la provincia de Las Palmas, varias Escuelas Infantiles han cerrado debido a la falta de personal, lo que ha impactado a muchas familias y niños, generando duras críticas hacia la Consejería de Bienestar Social. Desde el inicio del curso escolar, estas escuelas han enfrentado una situación crítica por la carencia de personal en todas las categorías. Tanto la Secretaría General Técnica como la propia Consejera han sido señaladas por su ineficaz gestión, obstaculizando la resolución adecuada de este problema.

Las familias afectadas expresan frustración y preocupación ante la falta de soluciones efectivas, ya que las listas de reserva aún no se han publicado a pesar de completarse el proceso. Una madre afectada declaró: «Es inaceptable que nuestros hijos sufran las consecuencias de la incompetencia de la Consejería. Exigimos una respuesta inmediata y eficaz», haciendo hincapié en la urgencia de una solución.

A pesar de los intentos de la Consejería por mitigar la situación con medidas temporales, estas han sido insuficientes para garantizar el correcto funcionamiento de las escuelas. La falta de actualización de las listas de reserva para sustituciones de personal, junto con la lentitud en los procesos de contratación, ha agravado el problema, impidiendo una solución eficaz.

La Sección Sindical insta a las autoridades competentes a tomar medidas urgentes para resolver esta crisis y asegurar la reapertura y operatividad normal de las Escuelas Infantiles, velando por los derechos de los menores. De acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, todos los niños tienen derecho a una educación de calidad, por lo que es crucial adoptar medidas que garanticen su aprendizaje incluso en situaciones de emergencia.

En este contexto, la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, bajo la dirección de la Consejera Doña Candelaria Delgado y la Directora General Doña Sandra Rodríguez, está poniendo en riesgo los derechos de los niños, incluido el Derecho a la protección. Es fundamental que se cumpla la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor para garantizar el bienestar y desarrollo integral de los menores, así como el Derecho a la igualdad de oportunidades en el acceso a una educación de calidad, independientemente de su situación socioeconómica.

Desde Intersindical Canaria, se insta a las autoridades pertinentes a actuar con premura para resolver esta crisis, asegurando la reapertura y funcionamiento normal de las Escuelas Infantiles y protegiendo los derechos de los menores.