- El consejero de Política Territorial clausura en Las Palmas de Gran Canaria unas jornadas técnicas en las que participaron 40 especialistas en planeamiento de los cabildos insulares, Gesplan y la propia consejería
- El objetivo es concluir el proceso de escucha y participación en mayo, para iniciar las negociaciones con los grupos parlamentarios tras el verano
El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, puso en valor el trabajo de los técnicos de los cabildos insulares que participaron en las Jornadas Técnicas de Actualización de la Ley del Suelo, y que durante dos días han analizado los efectos que ha tenido su aplicación desde el año 2017.
Las jornadas, celebradas en Las Palmas de Gran Canaria, forman parte del proceso participativo que el Gobierno de Canarias ha iniciado para abordar la actualización de la Ley del Suelo y de los Espacios Protegidos de Canarias, y profundizar en los principios de simplificación y racionalización que la inspiraron, y con la asistencia de unos 40 expertos en ordenación del territorio, entre funcionarios insulares y personal técnico de Gesplan y de la propia Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas,
“Han sido unas jornadas muy técnicas y participativas, con dinámicas de análisis y debate diseñadas por especialistas de Gesplan para hacer un análisis crítico de la experiencia de la Ley del Suelo, en cinco aspectos principales como con los planes insulares, los planes territoriales y parciales, los proyectos de interés insular, los espacios protegidos y los instrumentos complementarios del planeamiento”, según explicó el consejero de Política Territorial.
Manuel Miranda ha destacado la importancia de que “quienes se encargan de la aplicación de la Ley, seis años después desde su entrada en vigor, analicen qué aspectos de la norma se pueden mejorar, siempre con el objetivo de mantener los principios que marcaron su gestación, es decir, racionalizar y simplificar el desarrollo del planeamiento en las Islas”.
El consejero ha informado que desde que se aprobó la Ley del Suelo se han aprobado 28 instrumentos de ordenación impulsados por los Cabildos, “lo que nos demuestra que es una Ley que contribuye a su desarrollo, pero que entre todos debemos seguir mejorando su redacción”.
Técnicos de los siete cabildos y de la propia Consejería han debatido durante los dos días que han durado las jornadas sobre los planes insulares, su adaptación a la Ley y la garantía de un correcto tratamiento del suelo rústico; los contenidos y competencias de los planes territoriales y parciales; la definición de objetivos y proceso de elaboración de los proyectos de interés insular; la normativa sobre los espacios protegidos y otros instrumentos complementarios.
En el marco de las jornadas han intervenido también el director general de Ordenación del Territorio, Onán Cruz, y la viceconsejera de Planificación Territorial y Reto Demográfico, Elena Zárate.
Estas jornadas se suman a otra celebrada la pasada semana en el Colegio de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro, donde participaron profesionales y expertos universitarios del planeamiento, y a las que llegarán en los próximos meses para lograr que todos los agentes relacionados con el planeamiento de las Islas puedan realizar sus aportaciones en este proceso de modificación de la Ley del Suelo de Canarias.
Manuel Miranda ha recordado que esta modificación obedece, no solo a incorporar cambios que permitan mejorar el texto, sino además a “su necesaria adaptación a nuevos condicionantes, como el reto demográfico, la agenda urbana, los retos de movilidad o la normativa destinada a combatir el cambio climático, por ejemplo”.
El consejero ha señalado como “imprescindible analizar qué dificultades han existido durante la aplicación de la Ley, y nadie mejor que quienes la aplican a diario para determinar cómo podemos superarlas”. Entre otras, la aplicación de los artículos referidos a las declaraciones de interés insular para proyectos concretos, “cuyo alcance y características debemos determinar para aportar más seguridad administrativa y jurídica a los operadores”.
