Un informe de la Delegación del Gobierno obliga a Lloret a que en el plazo máximo de un mes revoque cuantas decisiones haya adoptado con posterioridad al 22 de diciembre de 2022, fecha en la que el Consejo de Gobierno perdió el quórum mínimo.
Jessica de León: “El presidente del Cabildo ignoró deliberadamente el artículo 42 del Reglamento Orgánico en un evidente acto deshonesto que está apartado de todo sentido común, porque dos personas no pueden conformar un órgano colegiado ni en primera ni segunda convocatoria”.
El Gobierno de España, a través de la Delegación del Gobierno en Canarias, ha emitido un informe vinculante que obliga al Gobierno del Cabildo de Fuerteventura, conformado por el presidente Sergio Lloret y Juan Nicolás Cabrera, a anular todas las decisiones que se han adoptado en Consejo de Gobierno con posterioridad al 22 de diciembre del pasado año, fecha en la que perdieron el quórum mínimo de tres que obliga el Reglamento Orgánico del Cabildo de Fuerteventura (ROF). Además, le da un plazo de un mes para que revoque cuantas decisiones hayan sido adoptadas en Consejo de Gobierno a partir de esa fecha. “Estamos ante un hecho sin precedentes en la administración insular de Fuerteventura y de Canarias”, señala la consejera y candidata del PP a la presidencia del Cabildo majorero, Jessica de León, quien subraya que “ya lo advertimos hace unos meses: si el presidente se quedaba solo con el consejero Juan Nicolás Cabrera, el Consejo de Gobierno sería nulo de pleno derecho y cualquiera de los acuerdos que se adoptaran no tendrían validez. Sin embargo, ahora esa imprudencia y temeridad, de la que solo Sergio Lloret es el auténtico responsable, puede costarnos muy caro a todas las personas que vivimos en Fuerteventura”.
El informe emitido por la Delegación del Gobierno pone de manifiesto la intención deliberada de Lloret de ignorar el artículo 42 del Reglamento Orgánico del Cabildo de Fuerteventura, «en un evidente acto deshonesto que está apartado de todo sentido común, porque dos personas no pueden conformar un órgano colegiado ni en primera ni segunda convocatoria«, señala de León. Y es que el artículo 42 de ROF señala lo siguiente:
1. Para la válida constitución, celebración de las sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos del Consejo de Gobierno Insular se requerirá la presencia de la mayoría absoluta de sus componentes.
2. Si no existiera quórum, se constituirá en segunda convocatoria, media hora después de la señalada para la primera, siendo suficiente la presencia de la tercera parte de sus miembros y en todo caso un número no inferior a tres, incluyendo la Presidencia.
A pesar de que el texto es claro en ese aspecto, el Grupo Popular en el Cabildo recuerda que el presidente se saltó de forma intencionada el máximo reglamento de funcionamiento de la institución amparándose para ello en un informe externo que en nada era vinculante. Señalan también los populares que, para articular y dar validez a la celebración de los Consejos de Gobierno, Sergio Lloret llegó incluso a amenazar al personal del Cabildo.
Ante esto, el PP exigirá que se diriman todas las responsabilidades políticas necesarias ante una acción grave y continuada que ha llevado a la Institución insular a adoptar decisiones bajo un procedimiento ilegal. “El presidente, aun habiendo sido advertido a través de un informe emitido por la Secretaría General del Pleno, ha ignorado dicho informe para continuar tomando una serie de acuerdos que, tras confirmarse que son nulos de pleno derecho, pueden costar caro a las arcas insulares”. Y es que en estos últimos tres meses se han sacado a licitación contratos por más de 35 millones de euros; pero, al ser nulos, las personas físicas o jurídicas adjudicatarias están en su derecho de reclamar las correspondientes indemnizaciones, tal y como ya advirtió el Partido Popular.
Por todo ello, el PP ya ha pedido la comparecencia del presidente en el pleno del Cabildo majorero para que dé cuenta de las acciones que tiene previsto adoptar, así como para que informe de “cuánto nos va a costar esto a los majoreros, a las empresas y a los funcionarios de la casa, que trabajan sin seguridad jurídica”, concluye de León.
