La Consejería modificó en apenas cinco meses al frente del Gobierno la Ley del Sector Eléctrico Canario para evitar este problema en el futuro, ampliando el tiempo para tramitar sanciones en plazos realistas, pasando de 3 a 18 meses

El Ejecutivo deberá retornar más de 50 millones de euros, consecuencia de una mala gestión en la tramitación de dichas sanciones, iniciadas durante la anterior legislatura

Las indemnizaciones a compañías eléctricas por situaciones de apagones o ceros energéticos en Canarias desde 2018, deberán devolverse al excederse los plazos ligados a sus procedimientos legales 

La Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, liderada por Mariano H. Zapata, informa de la devolución que el Ejecutivo deberá realizar ante las sanciones millonarias que se habían impuesto a las compañías eléctricas responsables  de ceros energéticos totales o parciales en las islas desde 2018 con sentencias en firme.    

Esta devolución de importes que habían abonado las entidades sancionadas, y por valor de 49,66  millones de euros, surge como consecuencia de una caducidad en los tiempos de tramitación de los procedimientos en cuestión. 

El consejero Zapata ha explicado que dicho pago “es resultado de una nefasta gestión por parte del anterior Gobierno”, ya que “al iniciar trámites para pedir indemnizaciones, no tuvieron en cuenta los cortos plazos para su gestión”. Por lo que ahora “deberemos pagar todos los canarios las consecuencias”. 

Zapata también quiso recordar que algunas de ellas “hacen referencia a los ceros energéticos sufridos en 2018, 2019 y 2020 en Tenerife y La Palma”, donde “el Gobierno anunció a bombo y platillo sanciones millonarias que ahora deberemos devolver, y además con intereses, elevando esa cifra a más de 50 millones, por falta de una tramitación adecuada”.

Asimismo, puso de manifiesto que dichas sanciones deberán abonarse ahora y no antes “al determinarse en los Tribunales recientemente estas consideraciones y dictarse sentencia en firme, ante recurso de las empresas afectadas por estos plazos”.

Ante esta problemática, quiso destacar que “en apenas cinco meses al frente del Gobierno, pusimos solución al problema, modificando la Ley 11/1997 del 2 de diciembre de regulación del sector Eléctrico Canario, que contó con en consenso unánime del parlamento canario”. De este modo, según explicó, “garantizamos que, ante futuros casos, contemos con una Ley que dé mayor seguridad jurídica en todo el procedimiento sancionador, ampliando los plazos de los 3 meses que se contemplaban a los 18 meses que recoge la Ley Estatal”. 

“Gracias a ello, en caso de necesidad, el Gobierno podrá contar con plazos más amplios para sancionar a las empresas del sector eléctrico que cometan algún tipo de infracción muy grave, y que han sido las responsables de situaciones como la sufrida el pasado mes de julio en la isla de La Gomera, con un apagón general, evitando repetir así los errores del pasado”.

Finalmente, el consejero Zapata recordó que, a pesar de que el Gobierno está haciendo todo lo posible por evitar posibles ceros energéticos, “no olvidemos que Canarias se encuentra en situación de emergencia energética”. Una acción que además,  “fue declarada también por este Ejecutivo, y no antes, a pesar de contar con todas estas sanciones y un informe del operador del sistema desde 2019, alertando del déficit energético en las islas de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura.