El Grupo Parlamentario Socialista defendió este miércoles en el Pleno del Parlamento de Canarias la toma en consideración de su Proposición de Ley para reforzar el derecho a la vivienda, regular la figura de los grandes tenedores y frenar la concentración inmobiliaria en el Archipiélago. La iniciativa, presentada por el portavoz socialista Sebastián Franquis, fue rechazada por el Ejecutivo de CC y PP y por los grupos que sostienen al Gobierno.
Franquis subrayó que el acceso a la vivienda se ha convertido en “uno de los principales factores de desigualdad y expulsión residencial en Canarias”, fruto del incremento del turismo, el auge de la vivienda vacacional y la entrada masiva de grandes inversores. Recordó que los datos elevan hasta un 20,6% el porcentaje de viviendas en manos de grandes propietarios, con cifras que reflejan una fuerte concentración de inmuebles y un incremento continuado de los precios
La propuesta socialista establece cuatro objetivos: crear un Registro de Grandes Tenedores, reforzar la capacidad pública mediante derechos de tanteo y retracto, equilibrar la fiscalidad y garantizar que toda la recaudación derivada de estas medidas se destine exclusivamente a vivienda pública. El registro permitiría identificar a quienes controlan grandes volúmenes de inmuebles, una herramienta clave para diseñar políticas eficaces en un mercado tensionado.
El texto también plantea nuevos mecanismos para ampliar el parque público respetando los precios de mercado y la seguridad jurídica, además de una fiscalidad progresiva que elimine el impuesto de transmisiones en viviendas de menos de 200.000 euros destinadas a primera residencia o alquiler estable, e incremente la carga impositiva a operaciones de grandes tenedores que no se orienten a vivienda protegida o alquiler de larga duración.
Franquis defendió que la propuesta es “valiente, equilibrada y justa”, cumple con la Constitución y busca que la democracia recupere la capacidad de ordenar un mercado afectado por la especulación. Insistió en que Canarias necesita medidas que eviten que el acceso a la vivienda dependa “de la suerte o del mercado en manos de unos pocos”.
