Los populares votan contra la aprobación inicial de la ordenanza y cuestionan que el grupo de gobierno haya continuado su tramitación pese al informe desfavorable de Tesorería municipal.

El Partido Popular de La Oliva ha manifestado su rechazo a la aprobación inicial de la ordenanza fiscal que pretende establecer una tasa turística de 0,56 euros por pernoctación en el municipio. La formación considera que existen dudas jurídicas y posibles consecuencias económicas que deberían resolverse antes de continuar con su tramitación.

Según explica el PP en un comunicado emitido este viernes, 30 de octubre, el grupo de gobierno, integrado por Coalición Canaria-Asambleas Municipales, PSOE y Nueva Canarias, rechazó su propuesta de dejar el expediente sobre la mesa hasta contar con mayores garantías legales.

El portavoz municipal popular, José Vicente Calero Saavedra, sostiene que el informe desfavorable de la Tesorería municipal cuestiona la naturaleza jurídica del tributo. Según expone la formación, dicho informe considera que las pernoctaciones en establecimientos turísticos no pueden gravarse mediante una tasa, sino mediante un impuesto que el Ayuntamiento no tendría potestad para crear.

El precedente judicial de Mogán

El PP también hace referencia a una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que ha declarado nula la ordenanza de la tasa turística de Mogán.

Aunque los populares reconocen que esta resolución no implica automáticamente la ilegalidad de la propuesta de La Oliva, consideran que supone un precedente que aconseja actuar con prudencia.

Calero explica que su grupo solicitó aplazar la tramitación hasta que la sentencia sea firme y se disponga de una valoración jurídica actualizada.

Posibles consecuencias económicas

La formación advierte, además, de los riesgos económicos que podría afrontar el Ayuntamiento si la ordenanza fuera anulada judicialmente.

Según recoge el comunicado, el informe de Intervención señala posibles consecuencias como la devolución de cantidades recaudadas, el pago de intereses y los costes administrativos derivados de la gestión del tributo.

El portavoz del PP insiste en que su formación no se opone a buscar nuevas vías de financiación para mejorar los servicios públicos y afrontar los costes asociados a la actividad turística, pero considera imprescindible garantizar la legalidad de las medidas.

«La Oliva necesita recursos, pero también necesita seguridad jurídica. No todo vale para recaudar», concluye José Vicente Calero.

Los populares mantienen así su oposición a la tramitación de la ordenanza en las condiciones actuales y reclaman que se aclaren las objeciones técnicas antes de avanzar en su implantación.