La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias presentó este lunes el primer “Estudio sobre la situación actual del turismo rural en Canarias”, un documento que analiza el estado del sector y plantea líneas de trabajo para su futuro como pieza clave en la diversificación del modelo turístico del Archipiélago.
La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, destacó que el estudio actúa como una hoja de ruta para afrontar problemas como la pérdida progresiva de identidad del turismo rural, la falta de relevo generacional y la necesidad de profesionalización y digitalización del sector. Además, subrayó que la nueva ley de Ordenación del Turismo debe definir “con claridad el modelo de turismo rural” que se quiere desarrollar en Canarias durante los próximos diez años.
Según los datos presentados, Canarias cuenta actualmente con 1.027 alojamientos rurales y emblemáticos inventariados, de los cuales 984 están en activo, lo que supone una tasa de actividad del 95,8%. En total, este segmento suma unas 5.000 plazas alojativas, frente a las más de 684.000 del alojamiento turístico convencional.
El viceconsejero de Turismo, José Manuel Sanabria, explicó que las casas rurales son el eje principal del sector, con 807 establecimientos (78,6% del total), seguidas de casas emblemáticas, alojamientos en el medio rural, hoteles rurales y hoteles emblemáticos, incluidos en el análisis por su valor patrimonial.
Por islas, la oferta se concentra sobre todo en La Palma (24,9%), Tenerife (22%) y Gran Canaria (21,6%), mientras que Lanzarote y Fuerteventura presentan una implantación más reducida, en coherencia con su modelo turístico histórico.
Durante 2025, hasta noviembre, el turismo rural registró 320.785 pernoctaciones y 73.757 viajeros, con una estancia media de 4,33 días. En términos económicos, el sector estima una aportación directa al PIB de unos 22 millones de euros anuales y genera entre 1.000 y 1.500 empleos directos, además de un impacto indirecto estimado en torno a 3.000 puestos adicionales.
El informe advierte de que el turismo rural atraviesa una fase de estancamiento y vulnerabilidad, y propone como principales líneas de actuación la actualización del marco normativo, la diferenciación clara frente a la vivienda vacacional, incentivos fiscales y ayudas a la rehabilitación patrimonial, así como la modernización y profesionalización de la actividad. También plantea la creación de un Proyecto Regional de Turismo Rural y una hoja de ruta para el periodo 2025-2035.
