La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias ha mantenido este miércoles en Fuerteventura una reunión técnica y política con los seis ayuntamientos de la Isla para facilitar la implantación de la nueva Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de la Vivienda.
El encuentro, celebrado a petición del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, forma parte de la hoja de ruta diseñada por el Ejecutivo autonómico para acompañar a las administraciones locales en la aplicación de esta normativa, que establece nuevos criterios para la regulación de las viviendas vacacionales.
Durante la reunión, el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, explicó que la ordenación de este tipo de viviendas es una competencia municipal, por lo que serán los propios ayuntamientos quienes determinen dónde y cómo podrán implantarse dentro de su territorio.
El Gobierno de Canarias ha puesto a disposición de los consistorios diferentes herramientas para facilitar esta regulación. Aquellos municipios que opten por limitar las viviendas vacacionales a un máximo del 10% del total de su parque residencial podrán aplicar procedimientos más ágiles, como ordenanzas provisionales. En cambio, los ayuntamientos que decidan superar ese porcentaje deberán realizar estudios más complejos, incluyendo análisis de capacidad de carga.
Además, desde la Consejería se recomienda que la ordenación se realice de forma progresiva, comenzando por las zonas prioritarias y adaptando el modelo al desarrollo social y económico de cada municipio.
El alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, destacó la importancia de este encuentro para coordinar criterios entre los municipios de Fuerteventura y avanzar en la aplicación de una normativa que afecta directamente al acceso a la vivienda y al modelo turístico de la Isla.
El objetivo de esta ley es garantizar el equilibrio entre el desarrollo turístico y el derecho a una vivienda digna y asequible, asegurando al mismo tiempo la calidad de la oferta alojativa. Este ciclo de reuniones ya se ha celebrado en otras islas como Tenerife y Gran Canaria, y continuará hasta alcanzar a los 88 ayuntamientos del archipiélago.
Asimismo, se abordaron las labores de control e inspección, que serán responsabilidad de los ayuntamientos, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa y el correcto funcionamiento de las viviendas vacacionales.
