Canarias continúa encabezando la tasa de exclusión social más alta de España, con más de 560.000 personas afectadas, lo que representa el 25,5% de la población del Archipiélago, según el IX Informe FOESSA presentado por Cáritas. Nota_IX Foessa Cáritas Canarias
El estudio revela una profunda contradicción entre el crecimiento económico experimentado en los últimos años y la persistencia de la desigualdad social. A pesar de la mejora de algunos indicadores, la exclusión se ha consolidado como un problema estructural que afecta especialmente a la vivienda y al empleo, considerados los principales motores de esta situación.
Uno de los datos más preocupantes es que una de cada tres personas en Canarias sufre exclusión residencial, mientras que más de 122.000 hogares destinan tantos recursos a la vivienda y suministros que caen por debajo del umbral de pobreza severa. Además, 218.000 personas viven en condiciones inseguras y más de 342.000 en viviendas consideradas inadecuadas. Nota_IX Foessa Cáritas Canarias
El informe también pone de manifiesto que tener un empleo ya no garantiza estabilidad económica. Aunque el paro ha descendido hasta el 14%, Canarias sigue registrando la tasa más alta del país, con salarios un 14% inferiores a la media estatal y una pérdida real de poder adquisitivo debido a la inflación. Nota_IX Foessa Cáritas Canarias
La exclusión afecta especialmente a los colectivos más vulnerables. Uno de cada tres niños y niñas vive en esta situación, mientras que el 48% de las personas extranjeras y el 30% de los hogares encabezados por mujeres también se ven gravemente afectados. Nota_IX Foessa Cáritas Canarias
El deterioro de las redes sociales y el impacto en la salud agravan aún más la situación. Más de 114.000 personas sufren aislamiento social, y uno de cada cinco hogares presenta problemas relacionados con la salud, incluyendo dificultades para acceder a tratamientos o medicamentos. Nota_IX Foessa Cáritas Canarias
El informe concluye que la exclusión social en Canarias no es una suma de casos aislados, sino un fenómeno estructural que requiere medidas profundas, especialmente en la regulación del mercado de la vivienda y la mejora de las condiciones laborales, con el objetivo de construir un modelo social más justo e inclusivo.
