Los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura han hecho público un manifiesto conjunto en el que expresan su rechazo al modelo de Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR) impulsado por el Gobierno de Canarias y defienden una transición energética que sea compatible con la protección del territorio y del paisaje insular.
El documento está firmado por el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, y la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, quienes trasladan una posición común ante el debate público generado en ambas islas tras la publicación de los mapas de delimitación de estas zonas destinadas a facilitar la implantación de grandes instalaciones energéticas.
Según explican ambas instituciones, el planteamiento de las ZAR, basado en la aceleración administrativa para el desarrollo de proyectos energéticos de gran escala, podría provocar afecciones directas sobre el paisaje y el territorio, especialmente en suelo rústico, generando preocupación social en Lanzarote y Fuerteventura.
Los cabildos insisten en que la transición energética es necesaria, pero advierten de que no puede desarrollarse a costa de la degradación del territorio. En este sentido, recuerdan que la normativa autonómica ya establece como prioridad la implantación de energías renovables en cubiertas de edificios e infraestructuras existentes antes de ocupar nuevo suelo.
Asimismo, ambas instituciones consideran imprescindible realizar estudios rigurosos sobre el potencial real de instalación de sistemas fotovoltaicos en cubiertas y edificaciones antes de plantear nuevos proyectos en suelo, y defienden que cualquier desarrollo energético que deba implantarse en el territorio se haga bajo criterios muy restrictivos de protección paisajística y ambiental.
Otro de los puntos que genera preocupación en los cabildos es la decisión del Gobierno de Canarias de eliminar la evaluación ambiental para determinados proyectos de energías renovables ubicados en Zonas de Aceleración de Renovables mediante un decreto aprobado en enero de 2026. Ambas instituciones consideran que esta medida supone un retroceso en las garantías de protección del territorio insular.
Por este motivo, Lanzarote y Fuerteventura solicitan al Parlamento de Canarias que restituya la obligatoriedad de la evaluación ambiental para todos los proyectos que se pretendan desarrollar en estas zonas, además de reclamar que los cabildos insulares mantengan la capacidad de decisión final sobre la implantación territorial de proyectos energéticos en sus respectivas islas.
En su posicionamiento conjunto, ambas instituciones reiteran su compromiso con el desarrollo de energías renovables y con la lucha contra el cambio climático, pero insisten en que este proceso debe realizarse desde el respeto al territorio, al paisaje y a la planificación insular.
Lanzarote y Fuerteventura concluyen su manifiesto con un mensaje claro: sí a las energías renovables, pero no a costa del territorio
