El transporte público en Fuerteventura ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos tres años, impulsado principalmente por la bonificación aplicada desde 2023. Sin embargo, este aumento de usuarios está generando tensiones en el servicio, tanto en su capacidad operativa como en su financiación.
Así se puso de manifiesto en el Consejo Político Insular celebrado por Asamblea Majorera–Coalición Canaria, donde se analizó la situación actual del transporte en la isla junto al consejero insular del área, Luis González.
Según los datos expuestos, desde enero de 2023 hasta enero de 2026 se han tramitado más de 22.000 bonos de residente, lo que ha supuesto un incremento superior al 50% en el uso del transporte regular . Este crecimiento responde a una mayor accesibilidad económica para los usuarios, pero también está generando problemas en horas punta y en determinadas líneas con alta demanda.
Durante el encuentro, se trasladaron demandas claras por parte de la militancia, centradas en la necesidad de reforzar el servicio de guaguas y mejorar las infraestructuras, especialmente mediante la instalación de marquesinas en paradas que aún carecen de ellas.
Actualmente, Fuerteventura cuenta con unas 300 paradas, de las cuales 255 disponen de algún tipo de resguardo, mientras que cerca de 45 siguen sin cobertura. Para corregir esta situación, el Cabildo prevé invertir 312.000 euros en la instalación de entre 12 y 14 nuevas marquesinas.
El consejero también explicó que el incremento de usuarios coincide con el final del contrato de concesión del servicio, lo que ha obligado a modificar el proyecto de licitación y aumentar el número de vehículos previstos en la futura flota, con el objetivo de mejorar la eficiencia y adaptarse a la demanda real.
En paralelo, se trabaja en la implantación de una línea de guaguas eléctricas entre Puerto del Rosario y El Castillo, financiada con fondos europeos, como parte del avance hacia un modelo de movilidad más sostenible.
En materia económica, el Cabildo destina actualmente unos 300.000 euros mensuales para sostener la gratuidad del transporte, mientras que las aportaciones estatales resultan insuficientes y llegan con retraso. Estas cuantías, calculadas con datos de 2023, no se han actualizado al crecimiento real de usuarios, lo que está condicionando la capacidad de inversión en mejoras del servicio.
Por otro lado, también se abordó la situación del sector del taxi, donde se señaló la falta de actualización de tarifas en el municipio de Antigua, lo que está generando tensiones internas en el sector ante el aumento de costes.
El análisis concluye con un escenario claro: más usuarios, más demanda y un sistema que necesita adaptarse con rapidez para evitar que el crecimiento se convierta en un problema estructural.
