El Gobierno de Canarias ha reforzado su estrategia en materia de vivienda con nuevas medidas normativas, mayor coordinación institucional y una presencia activa en el ámbito europeo, con el objetivo de dar respuesta a la actual emergencia habitacional en las islas.
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, expuso en el Parlamento de Canarias las principales líneas de actuación, centradas en garantizar el acceso a la vivienda, mejorar el sistema de adjudicación y avanzar en soluciones estructurales ante la presión existente en el mercado.
Entre las medidas planteadas destaca la posibilidad de limitar la compra de viviendas por parte de no residentes, una vía que el Ejecutivo analiza desde el punto de vista jurídico y que podría incluir restricciones a segundas residencias, regulación del alquiler vacacional o medidas fiscales específicas, siempre dentro del marco europeo.
En paralelo, el Gobierno ha impulsado varias reformas normativas para aumentar la oferta de vivienda. Entre ellas, el Decreto-ley 1/2024, orientado a movilizar suelo público y reconvertir espacios en viviendas, o el Decreto-ley 3/2025, que busca agilizar la concesión de licencias urbanísticas mediante la colaboración con entidades habilitadas.
Además, se ha aprobado el nuevo sistema de adjudicación de vivienda protegida, que elimina el sorteo y lo sustituye por un modelo basado en criterios objetivos y en la situación real de necesidad, reforzando también el arraigo como elemento clave.
A estas medidas se suma la futura puesta en marcha de la denominada “Hipoteca Joven”, destinada a facilitar el acceso a la primera vivienda a menores de 40 años mediante avales públicos que reduzcan las barreras económicas de entrada.
Actualmente, Canarias cuenta con cerca de 4.000 viviendas protegidas en distintas fases de desarrollo, lo que supone uno de los mayores impulsos a la promoción pública en décadas.
Con este conjunto de actuaciones, el Ejecutivo autonómico busca dar una respuesta estructural a la falta de vivienda en el Archipiélago y garantizar que el acceso a una vivienda deje de ser una barrera para la ciudadanía.
