La formación considera que la norma supone “una oportunidad perdida” para avanzar hacia un cambio del modelo turístico del Archipiélago
Drago Canarias ha mostrado su rechazo a la nueva Ley de Municipios Turísticos de Canarias, aprobada el pasado 8 de julio por el Parlamento autonómico y publicada el lunes 27 de julio en el Boletín Oficial de Canarias.
Tras analizar el contenido de la norma, el Secretariado Nacional de la formación considera que el texto representa “una monumental oportunidad perdida” para impulsar un cambio en el actual modelo turístico.
Drago sostiene que la ley reconoce como indicadores de excelencia aspectos como la elevada dependencia económica del turismo o la existencia de poblaciones flotantes muy superiores al número de residentes. A su juicio, estos factores deberían abordarse como señales de saturación y no como elementos que otorguen reconocimiento a los municipios.
La organización critica también que la norma no establezca límites vinculantes al número de camas turísticas, los vehículos de alquiler, el consumo de agua, la generación de residuos, la presión energética o la pérdida de vivienda residencial.
Según Drago Canarias, hablar de sostenibilidad requiere tener en cuenta la capacidad de carga ecológica y humana de cada isla. La formación defiende que los municipios deben contar con herramientas que les permitan reducir la presión turística y proteger tanto sus servicios públicos como la calidad de vida de la población residente.
El comunicado cuestiona igualmente la ausencia de una financiación clara para asumir el aumento de los gastos en limpieza, seguridad, transporte, abastecimiento de agua, personal e infraestructuras que soportan las localidades con una elevada población flotante.
Aunque Drago reconoce algunos avances introducidos durante la tramitación, como la creación de la categoría de “singularidad” y la flexibilización para las denominadas islas verdes, considera que estas modificaciones son insuficientes.
La formación reclama un cambio de rumbo basado en la contención y el decrecimiento turístico, con menos presión sobre el suelo y los recursos naturales, una mayor oferta de vivienda residencial y más apoyo a la economía productiva local.
“Canarias no necesita leyes para gestionar las consecuencias de la masificación, sino valentía política para planificar la contención y el decrecimiento turístico”, concluye el comunicado.
