La formación llevará al pleno una moción para estudiar una ordenanza fiscal y solicitar al Cabildo una mayor vigilancia del cumplimiento de la normativa insular

El Grupo Municipal En Marcha defenderá en el pleno del Ayuntamiento de La Oliva, previsto para el miércoles 5 de agosto, una moción para que las empresas dedicadas a organizar excursiones turísticas en quads, buggies y vehículos similares contribuyan al mantenimiento de los caminos públicos utilizados durante su actividad.

La propuesta solicita que el Ayuntamiento inicie los estudios jurídicos, técnicos y económicos necesarios para valorar la aprobación de una ordenanza fiscal que regule una tasa por el aprovechamiento especial, intensivo y lucrativo de los caminos y pistas de titularidad municipal.

Desde En Marcha consideran que el uso frecuente de estas vías por parte de caravanas de vehículos puede acelerar el deterioro del firme, generar baches y surcos, levantar polvo y provocar procesos de erosión o daños en los márgenes y sistemas de drenaje.

La portavoz municipal de la formación, Fiamma Guerra, señala que el objetivo de la iniciativa “no es impedir esta actividad económica, sino ordenarla” y plantea que las empresas que obtienen un beneficio mediante el uso intensivo de bienes públicos también participen en su conservación.

El grupo establece una comparación con otras actividades económicas que deben abonar tasas por ocupar el dominio público, como los establecimientos hosteleros que instalan terrazas. En este sentido, sostiene que las empresas que incorporan kilómetros de caminos municipales a sus rutas comerciales deberían realizar una contribución proporcional a ese aprovechamiento.

Mayor control de la ordenanza insular

La moción también insta al Cabildo de Fuerteventura a garantizar la aplicación de la ordenanza insular aprobada en 2019 para regular la circulación de quads, buggies y vehículos similares.

Según expone En Marcha, esta normativa establece una red oficial de rutas, autorizaciones y cupos, límites al número de vehículos por caravana, franjas horarias, requisitos de identificación, seguros obligatorios y un régimen sancionador.

La iniciativa solicita la puesta en marcha de un plan específico de vigilancia en La Oliva para comprobar que las empresas disponen de las autorizaciones correspondientes, utilizan los vehículos declarados y respetan los horarios, recorridos y espacios permitidos.

La formación plantea que estos controles se desarrollen mediante inspecciones periódicas sobre el terreno, con el objetivo de compatibilizar esta actividad turística con la conservación de los caminos públicos y la protección del territorio.