Cáritas Diocesana de Canarias atendió durante 2025 a un total de 21.372 personas y 7.633 hogares en la provincia de Las Palmas, un 2 % más que el año anterior, en un contexto marcado por la crisis de vivienda, la precariedad laboral y las dificultades de integración de las personas migrantes. La entidad advierte de que la mejora de los indicadores económicos no está llegando a quienes viven en situación de exclusión social.
La memoria anual presentada este martes refleja una realidad preocupante: casi la mitad de los hogares atendidos, un 46 %, acudieron por primera vez a Cáritas. Se trata principalmente de familias jóvenes, mujeres y personas extranjeras en situación administrativa irregular que no encuentran respuesta en los sistemas de protección existentes.
Uno de los principales factores de exclusión sigue siendo el acceso a la vivienda. Cáritas tuvo que intervenir para evitar que 306 familias con menores perdieran su hogar, lo que supone un aumento del 26 % en las actuaciones de emergencia habitacional. Además, atendió a 1.604 personas sin hogar durante el pasado año.
La organización denuncia que cada vez son más frecuentes situaciones como el hacinamiento, el alquiler de habitaciones sin contrato, las infraviviendas o incluso el alquiler de empadronamientos. Actualmente, un 35 % de las familias acompañadas vive en condiciones habitacionales precarias y un 21 % se ve obligada a compartir vivienda.
La situación también afecta especialmente a la población migrante. El 54 % de las personas atendidas por Cáritas son migrantes y más de la mitad se encuentran en situación administrativa irregular, una circunstancia que limita su acceso al empleo, la vivienda y los servicios básicos.
La entidad alerta además de que tener empleo ya no garantiza salir de la pobreza. El 21 % de las personas atendidas trabaja, aunque muchas lo hacen en condiciones precarias y con ingresos insuficientes para cubrir necesidades básicas.
Desde Cáritas también muestran su preocupación por la caída del 60 % de las donaciones en especie y por los retrasos en la llegada de ayudas públicas, mientras continúan aumentando los costes de los servicios de atención social.
La organización sostiene que Canarias vive una situación de pobreza estructural en la que miles de personas quedan fuera de los beneficios del crecimiento económico y reclama medidas que garanticen el acceso a una vivienda digna, empleo estable y una mayor protección social.
