El número de afiliadas con alta laboral en el Sistema Especial de Empleados de
Hogar ha caído el 14% en la provincia de Las Palmas desde que entrara en vigor el
Decreto Ley 16/2022.
- Solicita medidas para el fomento de la contratación y más apoyo a las personas
empleadoras para la generación de unas condiciones justas y decentes de trabajo.
31 de marzo de 2025. Cáritas Diocesana de Canarias constata que las personas empleadas
del hogar no han mejorado su situación laboral a pesar de la entrada en vigor del Real Decreto
Ley 16/2022. Estas mujeres trabajadoras siguen siendo invisibles y sus derechos
continúan vulnerados aún cuando, en el Real Decreto 893/2024 se establecen las
regulaciones sobre protección de la seguridad y la salud en el ámbito del empleo doméstico.
Así lo ha reivindicado este lunes Cáritas Diocesana de Canarias, que cuenta con un Servicio
de Orientación e Intermediación Laboral específico, en un acto en apoyo a este colectivo en
su sede en Las Palmas de Gran Canaria. Una iniciativa por la conmemoración del 30M, Día
Internacional de las Trabajadoras del Hogar, para visibilizar la realidad de estas mujeres a
las que por primera vez se han sumado Cáritas Diocesanas de otras ciudades españolas,
junto a otras asociaciones de empleadas de hogar y organizaciones a nivel nacional.
Este colectivo tiene rostro de mujer. Los datos de la Seguridad Social sobre el trabajo
doméstico en la provincia de Las Palmas en 2024 señalan que las mujeres ocupan el 93%
de los puestos. Además, se da la circunstancia de que un gran número de mujeres son
extranjeras en situación administrativa irregular y quedan fuera de las estadísticas oficiales.
A esta circunstancia se añade que la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2022 que
ampara legalmente a las trabajadoras del hogar, no ha supuesto un aumento de contratación
por las familias empleadoras, como refleja el descenso de empleabilidad que arrojan los datos
de la Seguridad Social desde su entrada en vigor en septiembre de 2022.
En la provincia de Las Palmas, el número medio de personas afiliadas con alta laboral en el
Sistema Especial de Empleadas de Hogar ha experimentado un descenso del 14% desde
que entrara en vigor el Real Decreto Ley para la mejora de las condiciones de trabajo y de
Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar, lo que supone que en
2022 había una media mensual de 5.618 altas y en lo que llevamos de año la media se sitúa
en 4.871.
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Por ello, ante la difícil realidad de este colectivo, en el Día Internacional de las Trabajadoras
del Hogar, Cáritas en su manifiesto reivindica:
Mayor vigilancia y control del cumplimento de la normativa laboral en las
contrataciones de las empleadas de hogar por parte de las administraciones
competentes/responsables, en igualdad con las personas trabajadoras del Régimen
General.
Las empleadas del hogar representan un sector económico importante en nuestra sociedad,
que contribuye al funcionamiento más eficiente del mercado de trabajo y al crecimiento
económico, realizando tareas de cuidados y mantenimiento de los hogares que permite a
quienes contratan cumplir con sus obligaciones laborales y personales o contar con tiempo
de descanso. Por ello, Cáritas Diocesana de Canarias alza la voz para visibilizar la
necesidad del reconocimiento social de esta profesión, dada la importancia que los
trabajos de hogar y de cuidados tienen para el sostenimiento de la vida.
La mejora de las condiciones laborales de las empleadas de hogar en régimen interno:
la limitación real de la jornada de trabajo; la ampliación de las horas de descanso diario
por ley, el reconocimiento salarial.
La necesaria clasificación profesional de las trabajadoras, que distinga las tareas
domésticas de otras diferentes que tienen que ver con el cuidado de las personas.
La contribución por parte de las personas empleadoras a la generación de condiciones
justas y decentes de trabajo (firma del contrato, alta en la seguridad social por las
horas reales de trabajo, pago del salario correspondiente, vacaciones y días de
permiso).
Medidas de la Administración Pública para el fomento de la contratación y más apoyo
a las personas empleadoras adaptadas a su realidad, igual que las empresas.
