Coalición Canaria ha valorado de forma positiva la regulación administrativa extraordinaria de personas migrantes impulsada por el Estado, aunque advierte de la falta de previsión sobre su impacto en Canarias, un territorio que ya soporta una fuerte presión en materia de acogida y tutela de menores.

El secretario ejecutivo nacional de Política Exterior e Interculturalidad, José Téllez, señaló que esta medida responde a una demanda social que ya se había canalizado a través de una iniciativa legislativa popular y que finalmente se ha materializado mediante un real decreto que modifica el Reglamento de Extranjería, sin pasar por el Congreso.

Desde la formación nacionalista se destacan los beneficios jurídicos e institucionales de la iniciativa, como el refuerzo de la seguridad jurídica, la descongestión del sistema de asilo, la reducción de la economía sumergida y la mejora de la inserción social y laboral de las personas regularizadas.

No obstante, Coalición Canaria advierte de que en el Archipiélago podría concentrarse el mayor volumen proporcional de solicitantes, en un contexto marcado por la insuficiencia de medios administrativos y la presión sobre los servicios de atención.

Ante esta situación, el partido reclama una dotación presupuestaria suficiente para las oficinas de extranjería, la habilitación de nuevos recursos administrativos, una mejor coordinación con el sistema de tutela de menores y la asignación de fondos europeos específicos para territorios frontera.

Asimismo, recuerda que el Estatuto de Autonomía de Canarias contempla la participación del Archipiélago en las decisiones estatales sobre inmigración, una posibilidad que, según la formación, no ha sido tenida en cuenta en este proceso.