El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha declarado la caducidad de la concesión del complejo hotelero y apartamentos Oliva Beach, ubicado en dominio público marítimo terrestre en las Dunas de Corralejo, Fuerteventura. Esto se debe a incumplimientos reiterados por parte de la empresa Geafond, titular de la concesión otorgada en 2003 según el régimen transitorio de la ley de Costas.

En marzo de 2022, se resolvió un expediente sancionador contra Geafond por incumplimientos de la normativa de Costas y de las condiciones de la concesión, resultando en una multa de 204.000 euros y la orden de demoler las obras ilegales, las cuales no fueron ejecutadas por la empresa. La resolución del expediente fue recurrida administrativamente y posteriormente ante la Audiencia Nacional, encontrándose actualmente pendiente de resolución.

Los incumplimientos incluyen la realización de obras no contempladas en el título concesional, el uso de zonas no autorizadas y el no cumplimiento de la condición de destinar una parte de la superficie de la concesión al uso público. Estos incumplimientos, que dieron lugar al expediente sancionador, constituyen también la causa de la caducidad de la concesión.

Durante el proceso de caducidad, se han realizado varios trámites de audiencia a distintos interesados, incluyendo asociaciones ecologistas, organizaciones de trabajadores y titulares registrales de apartamentos ajenos a Geafond.

El Consejo de Obras Públicas emitió un dictamen favorable a la propuesta de declaración de caducidad el 7 de julio de 2023, seguido por un informe favorable de la Abogacía del Estado el 19 de julio del mismo año. Posteriormente, el expediente fue remitido al Consejo de Estado, quien emitió dictamen favorable el 15 de febrero de 2024, concluyendo en la declaración de caducidad por parte del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, el 27 de febrero de 2024.

Según lo establecido por el Consejo de Estado, la empresa concesionaria tiene la obligación de retirar las instalaciones del dominio público marítimo terrestre a sus expensas, suspendiendo temporalmente la demolición de la parte del complejo ocupada por los apartamentos, mientras se determina la situación jurídica de los 20 titulares registrales que no solicitaron la concesión compensatoria.

Además, el dictamen del Consejo de Estado indica que la competencia para resolver sobre concesiones de régimen transitorio recae en el Estado, no habiéndose trasladado a ninguna de las comunidades autónomas que asumieron funciones relacionadas con los títulos de ocupación del dominio público marítimo terrestre (Canarias, Cataluña, Andalucía y Baleares).