Puerto del Rosario, 28 de julio de 2025
El PSOE de Puerto del Rosario ha expresado su preocupación por lo que considera un “colapso del sistema público de atención a la dependencia en Canarias”, atribuido a la gestión del actual Gobierno autonómico liderado por Coalición Canaria y el Partido Popular.
Según la formación socialista, durante los últimos dos años se ha producido un retroceso sin precedentes en los derechos de las personas más vulnerables. En ese sentido, señalan directamente a la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, por haber convertido el sistema en “un laberinto burocrático sin salida”, debido a la falta de planificación y a la creciente sobrecarga administrativa.
Canarias, entre las peores regiones del Estado en dependencia
Los datos del Observatorio Estatal de la Dependencia respaldan esta denuncia: en 2022 se atendían a 7.910 personas en las islas, cifra que ha caído hasta las 4.328 en 2024, una reducción superior al 45 %. Además, Canarias ocupa el penúltimo puesto en valoración estatal, con una puntuación de 3,3 sobre 10.
El informe también destaca que un 28,9 % de las personas reconocidas como dependientes no reciben prestación alguna, triplicando la media nacional. En total, más de 31.000 personas en Canarias permanecen en lista de espera, lo que representa casi el 42 % de las solicitudes.
Fuerteventura, especialmente afectada
El PSOE destaca que en Fuerteventura, y particularmente en Puerto del Rosario, la situación es crítica. Más de un millar de personas aguardan por recursos como plazas residenciales, teleasistencia o ayuda a domicilio. Solo en la capital majorera, más de 200 personas siguen esperando un servicio que les corresponde por derecho.
El partido también critica el nuevo Decreto 46/2025, aprobado en abril por el Ejecutivo autonómico, al considerar que ha añadido aún más requisitos burocráticos, dificultando el acceso a las prestaciones y aumentando la carga sobre las familias cuidadoras.
Propuestas y exigencias
Desde el grupo socialista de Puerto del Rosario se reclaman medidas urgentes, entre ellas: la derogación del decreto, la contratación de más personal técnico, la creación de un fondo extraordinario para reforzar los servicios sociales municipales y la puesta en marcha de una comisión de seguimiento que incluya a entidades sociales, familias y profesionales del sector.
“La dependencia no puede tratarse como un trámite menor. Lo que está en juego no son cifras, sino vidas y derechos fundamentales”, señalan desde el partido.
