El Grupo Parlamentario Socialista centrará buena parte de su actividad en el próximo Pleno del Parlamento de Canarias, que se celebrará los días 9 y 10 de junio, con iniciativas relacionadas con la vivienda, la financiación autonómica, la educación y los servicios públicos esenciales.
Entre los asuntos destacados figura una pregunta al Gobierno de Canarias sobre la posibilidad de declarar Zonas de Mercado Residencial Tensionado en el Archipiélago, una medida contemplada para actuar sobre el encarecimiento de los alquileres y facilitar el acceso a la vivienda a miles de familias canarias.
Los socialistas también solicitarán explicaciones al vicepresidente y consejero de Economía, Manuel Domínguez, sobre el margen financiero de las administraciones canarias tras el incremento de recursos procedentes del Estado mediante la actualización de las entregas a cuenta y del superávit.
En materia social, el grupo preguntará por el retraso en la gestión de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género correspondientes a 2026 y por las medidas previstas para afrontar la falta de plazas públicas destinadas a personas con discapacidad. Además, interpelará al Ejecutivo autonómico sobre la paralización del cierre de las escuelas infantiles Anaga, en Tenerife, y Las Folías, en Gran Canaria, así como sobre el futuro de la red pública de escuelas infantiles dependientes de Bienestar Social.
Otro de los asuntos que llegará al Pleno será la interpretación de la neutralidad institucional en los centros educativos, después de que la Consejería de Educación haya incluido limitaciones a determinadas conferencias, charlas y actividades dentro de las instrucciones generales del calendario escolar.
Asimismo, el PSOE defenderá varias Proposiciones No de Ley para impulsar la docencia compartida en los centros educativos, desarrollar un Plan Integral de Prevención de la Ludopatía entre los jóvenes y promover la ampliación de la Zona Franca de Santa Cruz de Tenerife hacia el polígono industrial de Granadilla.
También se abordarán cuestiones relacionadas con la creación del banco de ADN para la identificación de víctimas, el refuerzo de la disciplina urbanística, la gestión del servicio público de donación de sangre y el grado de ejecución presupuestaria de la Consejería de Turismo y Empleo.
