El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado 46 propuestas de resolución en el Debate del Estado de la Nacionalidad Canaria 2026 con el objetivo de reforzar la economía del Archipiélago, mejorar los servicios públicos y avanzar en la cohesión social y territorial de las islas.
Entre las iniciativas planteadas destaca la creación de un Observatorio de Productividad y Competitividad que permita analizar el desarrollo económico de Canarias y orientar políticas públicas destinadas a impulsar un crecimiento más eficiente, innovador y sostenible.
El portavoz del Grupo Socialista, Sebastián Franquis, defendió durante el debate que la economía canaria “crece, pero no llega a los hogares, no llega a los salarios y no reduce la pobreza”, señalando además que la productividad del Archipiélago permanece estancada desde hace años.
Las propuestas socialistas incluyen también medidas para controlar los precios de la cesta de la compra en Canarias, reforzando el papel del Consejo Canario de la Competencia y promoviendo la publicación periódica de la evolución de los precios para detectar posibles prácticas abusivas.
En materia educativa, el grupo parlamentario plantea impulsar un plan de atención a la diversidad para el curso 2026-2027 y avanzar en la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años en el Archipiélago.
El ámbito sanitario también ocupa un lugar destacado en las resoluciones, con propuestas dirigidas a mejorar la atención asistencial, reducir los tiempos de espera y reforzar los recursos del sistema público de salud.
La vivienda es otro de los ejes centrales del documento, con medidas destinadas a ampliar el parque público, facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes y revisar instrumentos fiscales que permitan movilizar viviendas vacías para aumentar la oferta de vivienda asequible.
Además, el Grupo Socialista propone un Plan de inclusión social y lucha contra la pobreza, con especial atención a la pobreza infantil y a la mejora de los servicios sociosanitarios mediante nuevas infraestructuras y una planificación coordinada con los cabildos insulares.
Las resoluciones también abordan cuestiones fiscales y económicas, como la propuesta de implantar un impuesto a las estancias turísticas, destinar los recursos del nuevo sistema de financiación autonómica al refuerzo de los servicios públicos esenciales y mejorar la ejecución de los fondos europeos.
En el ámbito medioambiental, las iniciativas incluyen medidas para impulsar la transición energética y reforzar la normativa frente al cambio climático, así como acciones dirigidas a consolidar la recuperación económica y social de la isla de La Palma tras la erupción volcánica.
