El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una Proposición de Ley en el Parlamento de Canarias con el objetivo de poner fin a la inseguridad jurídica que afecta a más de 70.000 residentes en zonas turísticas del Archipiélago. La iniciativa busca proteger el uso residencial legítimo de miles de viviendas, acabar con los procedimientos sancionadores abiertos contra propietarios y compatibilizar el derecho a la vivienda con el desarrollo turístico.
La propuesta plantea modificar la legislación turística vigente para reconocer como compatibles los usos residenciales ya existentes en parcelas turísticas o mixtas cuando así lo permita el planeamiento urbanístico. Además, pretende redefinir conceptos esenciales de la normativa para adaptarla a la realidad actual de los complejos extrahoteleros y reforzar la seguridad jurídica de sus propietarios.
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis, aseguró que la reforma persigue tres objetivos fundamentales: garantizar la seguridad jurídica, proteger el derecho a la vivienda y respetar la realidad social y territorial de Canarias. «La solución no puede ser expulsar a quienes llevan años viviendo en sus casas», defendió durante la presentación de la iniciativa.
Por su parte, Gustavo Santana destacó que la modificación legislativa también pretende contribuir a paliar el déficit de vivienda que atraviesa Canarias, evitando que miles de inmuebles utilizados como residencia habitual desaparezcan del mercado residencial y puedan seguir destinándose a este fin cuando el planeamiento urbanístico lo contemple.
Entre las medidas incluidas en la Proposición de Ley figura la paralización del inicio de nuevos expedientes sancionadores cuando el planeamiento permita el uso residencial, el archivo de aquellos que todavía no sean firmes y la extinción de las sanciones pendientes de pago. Asimismo, la Administración reconocería las pretensiones de quienes mantienen recursos judiciales abiertos relacionados con esta materia.
Los socialistas insisten en que la reforma no pretende ir contra el turismo, sino avanzar hacia un modelo turístico ordenado, sostenible y compatible con el derecho a la vivienda y la realidad social de las islas. Además, hacen un llamamiento al resto de fuerzas políticas para respaldar una iniciativa que consideran histórica para miles de familias canarias afectadas por este conflicto.
