La Confederación de Federaciones de AMPAS de Canarias (CONFAPACANARIAS) ha mostrado su rechazo al Proyecto de Ley de Autoridad Docente impulsado por el Gobierno de Canarias, denunciando falta de diálogo y decisiones adoptadas antes incluso de finalizar el trámite parlamentario.
Según trasladan desde la organización, las federaciones de AMPAs fueron convocadas durante abril de 2024 a la Comisión Parlamentaria encargada de analizar esta norma, participando —afirman— con la sensación de que el texto “estaba cerrado de antemano”.
Desde CONFAPACANARIAS critican que, mientras el proyecto aún se debate en el Parlamento, el Ejecutivo ya estaría aplicando medidas vinculadas a esta ley. En este sentido, cuestionan el papel real de la comisión parlamentaria y califican la situación como “una burla” hacia las familias canarias.
Entre los aspectos más señalados, destacan la gestión de las coberturas de seguros para actividades de las AMPAs, que fueron retiradas y restituidas en pocos días, así como la falta de reuniones con representantes de las familias pese a llevar meses solicitándolo.
Asimismo, la confederación considera que esta ley responde a intereses sindicales y denuncia una supuesta estrategia de “criminalización” hacia las familias dentro del ámbito educativo.
En su comunicado, también apuntan a lo que califican como un proceso de privatización del sistema educativo en Canarias. Entre los argumentos, señalan la financiación de la educación privada en el tramo de 0 a 3 años, la falta de plazas públicas suficientes o el impacto del modelo de acceso a la universidad, que —según indican— favorecería a centros privados.
La organización concluye advirtiendo que las familias “tomarán nota” de estas decisiones de cara a futuros procesos electorales.
