La portavoz exige mayor transparencia al pacto de las flores y recuerda que el Gobierno sigue sin recuperar los cuatro millones estafados con el caso mascarillas
Canarias, domingo 19 de febrero de 2023. La portavoz del Grupo Mixto en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, ha insistido en que todos los canarios deben conocer qué pasó con las compras de material sanitario que el Gobierno realizó durante la pandemia del Covid porque, además del caso mascarillas, un fraude al erario público de cuatro millones de euros, hay otras irregularidades.
“Es necesario que sepamos cómo se hicieron esas compras” ha señalado tras mostrar su voto a favor de la iniciativa del Grupo Nacionalista de solicitar un informe de fiscalización de los efectos de la Covid-19 en el presupuesto y la contratación de la comunidad Autónoma de Canarias en la presente legislatura. “Ese informe tiene que llegar al Parlamento para que todos conozcamos qué ocurrió con esas compras durante la pandemia”.
La portavoz ha recordado que los grupos que apoyan al Gobierno impidieron el pasado mes de noviembre la creación de una comisión de investigación en el Parlamento para dar explicaciones acerca de lo ocurrido con el caso mascarillas. “Impidieron que pudiéramos tener acceso a esa información y la transparencia en un escándalo de cuatro millones que supuestamente fueron estafados al Gobierno de Canarias y a todos los canarios”, ha explicado.
Espino también se ha referido al informe que, según aseguró el presidente, fue trasladado de la Audiencia de Cuentas a la Fiscalía Anticorrupción y que tampoco ha podido venir a esta comisión “porque los consejeros de la Audiencia de Cuentas, a propuesta de los partidos que gobiernan, bloquearon su aprobación” ha denunciado la portavoz durante su intervención en la comisión de hoy.
Desde que se conociera el caso mascarillas, la portavoz ha venido señalando que este caso de estafa al erario público puede ser la punta del iceberg de algo mucho mayor. Así se puede concluir leyendo el informe de la Audiencia de Cuentas que habla de más de 40 millones de euros que fueron adjudicados de forma irregular sin que el Consejo de Gobierno aprobara ese gasto, como obliga la ley de presupuestos.
