El nuevo texto legislativo recoge que las administraciones locales tendrán la “última decisión” sobre dónde se ejecutarán las viviendas protegidas
Domingo, 17 de marzo de 2024-. Asamblea Majorera-Coalición Canaria Fuerteventura celebró conjuntamente un Consejo Político Insular y una Asamblea insular para abordar las principales cuestiones en torno al Decreto Ley (D.L.) de Vivienda y las medidas urgentes que entraña dicho texto legislativo para solucionar el problema habitacional que se vive en Fuerteventura y Canarias. La reunión ha tenido lugar este sábado a las 9:00 horas en la Sede de Puerto del Rosario.
A este encuentro se han desplazado hasta la isla el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez Valido, así como el redactor del texto y Catedrático en Derecho Administrativo, Francisco Villar Rojas, para trasladar las premisas principales del D.L. tanto a los representantes políticos de los seis términos municipales de la isla y del Cabildo de Fuerteventura, como a la militancia asistente.
Durante la reunión, se esclareció cuáles serán los mecanismos que promueven la construcción de vivienda. Como supuesto principal, este Decreto de Ley recoge que la decisión sobre la aplicación de las medidas recae en las administraciones locales. De esta forma, serán los ayuntamientos los que decidan dónde se ejecutarán esas viviendas protegidas.
Rodriguez Valido aclaró que, aunque a través de estos sistemas mixtos se promueve la participación del sector privado en la construcción de vivienda protegida, los esfuerzos se centrarán en promover la vivienda pública. “Aunque se posibilite la vivienda protegida de titularidad privada, la mayoría va dirigida a ser de promoción pública”, recalcó.
Por otro lado, este nuevo texto legislativo incluye como novedad la posibilidad de que los Cabildos insulares, en este caso, el de Fuerteventura, participen en la promoción e impulso de creación de vivienda protegida. A este respecto se propuso por parte de la asamblea la creación de una mesa compartida entre Cabildo insular y los seis ayuntamientos de la isla para proyectar la política en materia de vivienda que se quiere desarrollar en la isla.
Con ello, se pretende afrontar la repercusión territorial insular que tiene la generación de vivienda, debido a los movimientos de las personas y la densificación de la población, así como para estudiar cuestiones territoriales y de servicios públicos.
Desde AM-CC se celebra la amplia participación que ha tenido la asamblea, que ha permitido aclarar cuestiones acerca del Decreto Ley de Vivienda que “establece una serie de mecanismos para dar respuesta al grave problema de vivienda que tenemos en la isla majorera”.
En este sentido, la asamblea se pronunció a favor de las medidas que recoge dicho nuevo documento que incluye permitir el ejercicio responsable al que se han comprometido los ayuntamientos. La Asamblea presentó ante los invitados cuestiones sobre la durabilidad del Decreto y aportó temas de interés como la realización de posibles modificaciones del mismo si así se considerara en su momento. Entre algunas de las propuestas que se trasladaron al consejero del Gobierno de Canarias, se planteó, por parte del Cabildo, crear unos indicadores para determinar el fin de la emergencia habitacional en la isla.
Por parte de las corporaciones locales se expuso la posibilidad de estudiar las viviendas que necesita cada municipio para estimar el número de licencias de construcción necesarias para decretar el fin de la emergencia. En la reunión se hicieron valoraciones sobre recuperar los suelos reclasificados a suelo rústico común, por la disposición adicional 15 de la Ley del Suelo. Según determinó el consejero del Gobierno de Canarias, en el caso de La Oliva y Pájara “hay mucho suelo de este tipo y es el municipio el que decide si quiere o no recuperar esos suelos”.
En el encuentro también se abordó la modificación de la Ley de Vivienda y se señaló que el modelo de edificaciones que aglutinan a una gran cantidad de viviendas de protección se encuentra ya obsoleto y no responde a la consecución de una sociedad equilibrada, y coincidieron en que socialmente es necesario mezclar viviendas de protección con viviendas libres, para que no haya una distinción y evitar consecuencias negativas en la convivencia.
Para el partido “se trata de un Decreto que viene a resolver parte de la encrucijada habitacional en Fuerteventura y que nos lleva a seguir profundizando en el debate del reto demográfico y del crecimiento poblacional y en el modelo de isla que queremos para Fuerteventura”. “Nos hace pensar si es necesario marcar un ritmo de crecimiento que asegure unos servicios públicos cubiertos y una calidad de vida digna para toda la sociedad majorera en su conjunto”, concluyen.
