La presidenta Lola García reclama una revisión urgente de la concesión a SAERCO y defiende la recuperación del servicio como público y esencial
Puerto del Rosario, 29 de julio de 2025.
El Cabildo de Fuerteventura ha solicitado formalmente al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible una revisión urgente del servicio de control aéreo que se presta actualmente en el Aeropuerto de Fuerteventura. La presidenta insular, Lola García, ha remitido una carta al ministro Óscar Puente expresando su preocupación por la situación actual de la torre de control, cuya gestión está en manos de la empresa privada SAERCO.
García recuerda que la torre de Fuerteventura fue una de las privatizadas por el Estado en su momento, pese al rechazo de las administraciones locales y canarias, que ya entonces alertaban sobre los riesgos que podía conllevar una pérdida de calidad en un servicio clave para la Isla.
La petición del Cabildo se produce tras conocer la solicitud de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) para que se suspenda cautelarmente la acreditación de SAERCO y se devuelva la gestión a la empresa pública ENAIRE. El sindicato alerta de que las dificultades financieras de SAERCO —reconocidas por la propia compañía en sede judicial— estarían afectando a las condiciones laborales del personal y, por tanto, podrían comprometer la seguridad operativa.
La presidenta insular ha señalado que “en Fuerteventura, y con toda seguridad en el resto de islas afectadas, seguimos con inquietud esta situación, ya que nuestra economía y nuestra forma de vida dependen en gran medida del correcto funcionamiento del aeropuerto, comenzando por su torre de control”.
Por este motivo, desde el Cabildo se exige una revisión profunda de la concesión actual “no solo para garantizar el presente, sino para avanzar hacia una recuperación definitiva de este servicio como público y esencial, en igualdad de condiciones que el resto de aeropuertos españoles que nunca fueron privatizados”.
Lola García subraya que el Cabildo de Fuerteventura y el resto de instituciones majoreras ya manifestaron en su momento su desacuerdo con la privatización del servicio de control aéreo, postura que sigue vigente ante los riesgos que hoy se evidencian.
