Todos los grupos apoyan incorporar de forma obligatoria la escala en Puerto del Rosario a la Obligación de Servicio Público
El Pleno del Cabildo de Fuerteventura ha aprobado por unanimidad una declaración institucional para solicitar que la conexión marítima entre la Isla y la Península sea declarada de interés público y se recupere de manera inmediata la escala en Puerto del Rosario.
La Corporación insular insta al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y a la Dirección General de la Marina Mercante a incorporar esta escala de manera obligatoria y permanente a la Obligación de Servicio Público (OSP) de la línea marítima entre Canarias y la Península.
Hasta ahora, la parada en Puerto del Rosario se prestaba como una mejora ofrecida voluntariamente por la empresa adjudicataria y no formaba parte de las obligaciones del contrato. Esta situación permitió su reciente suspensión y obliga a pasajeros y mercancías a realizar escalas intermedias en otros puertos del Archipiélago.
Según recoge la declaración institucional, la pérdida de esta conexión directa incrementa los costes logísticos, reduce la competitividad y perjudica al tejido empresarial, al sector primario, al comercio y al conjunto de la ciudadanía majorera.
El documento recuerda que Fuerteventura supera los 130.000 habitantes, recibe cerca de tres millones de visitantes al año y mantiene uno de los mayores crecimientos demográficos de Canarias. Por ello, considera necesario garantizar conexiones marítimas estables y adaptadas a las necesidades económicas, sociales y territoriales de la Isla.
El Cabildo solicita también al Ministerio que adopte medidas provisionales para restablecer cuanto antes la conexión directa mientras se tramita la nueva licitación.
Frente común institucional
La iniciativa forma parte del frente común promovido por el Cabildo y respaldado por los seis ayuntamientos de Fuerteventura y la Cámara de Comercio. El acuerdo insta, además, al Gobierno de Canarias a apoyar esta reivindicación ante el Estado.
La presidenta insular, Lola García, defendió durante la sesión que un servicio estratégico para la ciudadanía y la economía de Fuerteventura no puede depender únicamente de las decisiones comerciales de una empresa, sino que debe quedar protegido por el interés general.
