El Partido Popular de La Oliva ha acusado al grupo de gobierno conformado por Coalición Canaria y Asamblea Majorera de generar «falsas expectativas» en torno a la implantación de una tasa turística municipal, asegurando que el reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias sobre la ordenanza de Mogán confirma la falta de cobertura jurídica del modelo que defendían.
El portavoz popular en el Ayuntamiento de La Oliva, José Vicente Calero Saavedra, sostiene que el grupo de gobierno fue «irresponsable» al contemplar en los Presupuestos municipales de 2026 unos ingresos derivados de una tasa turística que ni siquiera había sido aprobada en el momento de validar las cuentas. Según el PP, el Ayuntamiento presupuestó cuatro millones de euros procedentes de este concepto que, tras la sentencia del TSJC, no llegarán a recaudarse.
Los populares recuerdan que la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias había advertido reiteradamente de que el modelo impulsado por Mogán, tomado posteriormente como referencia por La Oliva, no contaba con la cobertura jurídica necesaria para ser aplicado por los ayuntamientos, una posición que, afirman, ha sido ratificada por el alto tribunal canario.
Asimismo, critican que el Ayuntamiento anunciara la implantación de la tasa turística sin haber iniciado el procedimiento administrativo necesario para ello, recordando que el primer paso para su aprobación es la correspondiente Ordenanza Fiscal, trámite que, según señalan, nunca llegó a realizarse.
Como alternativa, el Partido Popular defiende la implantación de tasas por el acceso a espacios naturales de alta presión turística, como Calderón Hondo o la Isla de Lobos, con exención para los residentes, una propuesta que fue rechazada en el Cabildo de Fuerteventura por Coalición Canaria y PSOE.
Finalmente, José Vicente Calero considera que las recientes declaraciones de Coalición Canaria responden más a una estrategia política que a un debate serio sobre la financiación municipal, insistiendo en que fue el Ayuntamiento quien anunció una tasa «sin respaldo legal» y presupuestó unos ingresos «inexistentes».
