El Consejo de Gobierno aprueba la declaración de emergencia energética en Canarias

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El documento implica el reconocimiento explícito de la crítica situación en la que se encuentra Canarias y marca al gobierno del Estado la urgencia de materializar las acciones de emergencia en el corto plazo y penetración de renovables en el medio y largo plazo

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El Consejo de Gobierno ha aprobado, este lunes, el documento de declaración de emergencia energética en Canarias. Esta declaración pretende evidenciar ante la sociedad y el Gobierno de España cuál es la crítica situación del sistema eléctrico en Canarias y suscitar la agilidad de los trámites y plazos para poder abrir las acciones urgentes y revertir esta situación.

El consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Zapata, ha explicado, en la rueda de prensa posterior a la celebración del consejo, que “es fundamental ir trasladando a la realidad e ir materializando todos los acuerdos a los que se ha llegado con el Estado en apenas 70 días de gobierno autonómico, por el bien común de los canarios”. Zapata ha concretado que “aunque es cuestión de meses que se publique el concurso ordinario, ahora es apremiante aplicar las medidas urgentes, sin descuidar el desarrollo de la capacidad de implantación y penetración de renovables, para evitar otro cero, más que probable, a corto plazo”.

La declaración de emergencia energética promueve el trabajo común y conjunto de administraciones públicas y fuerzas políticas. Por ello, “se han asumido algunas de las alegaciones de las corporaciones locales” -ha sentenciado Zapata.

El texto aprobado, recoge en catorce puntos, el camino a seguir para comprometer las políticas y medidas que, sean necesarias adoptar por las diferentes administraciones públicas, con el fin de resolver en primer lugar, la situación crítica de Canarias en generación de energía eléctrica, en consonancia con el desarrollo e implantación de las renovables. El documento responde también a especificar que el procedimiento para aplicar las medidas temporales necesarias para garantizar el suministro eléctrico a corto plazo debe tramitarse por la vía de la emergencia. En este sentido, insta a impulsar de forma urgente, y en conjunto también con el Gobierno estatal, las medidas necesarias para la renovación del actual parque de generación gestionable, convocando, a la mayor brevedad, el procedimiento de concurrencia competitiva.

El texto marca el camino a seguir para lograr la tan ansiada descarbonización a largo plazo, cumpliendo así con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así, fundamenta la necesidad de instalar equipos que tengan la capacidad de adaptación para, a la vez que garantice el suministro eléctrico se trabaje en la penetración de las energías limpias; insta al Gobierno de España a iniciar cuánto antes las actuaciones necesarias para implementar en el Archipiélago, medidas de almacenamiento mediante hidrobombeos, en aquellas islas donde sea viable, así como a la implantación de la eólica marina.

En lo que respecta a las actuaciones insulares y locales, la declaración de emergencia energética solicita a los cabildos insulares y ayuntamientos de Canarias a revisar y desarrollar sus planes de ordenación del territorio y urbanísticos, de tal modo que, se tenga en cuenta el uso de suelo necesario para la instalación de infraestructuras energéticas renovables.

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El Gobierno destina 1,8 millones a la contratación de jóvenes con titulación superior en proyectos de interés social

Las ayudas cubrirán todos los gastos laborales de las contrataciones que realicen las entidades que concurran a la convocatoria, que mañana se publica en el BOC

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a partir de su publicación

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias destina casi 1,8 millones de euros mejorar la empleabilidad de la población del Archipiélago de 18 a 30 años. El Boletín Oficial de Canarias publicará este martes la convocatoria destinada a favorecer la contratación durante un año en proyectos de interés público y social de jóvenes en ese rango de edad con titulación universitaria o Formación Profesional y sin experiencia laboral. Las entidades interesadas podrán solicitar estas subvenciones en la sede electrónica a partir del miércoles 4 de octubre y dispondrán de un plazo de 10 días hábiles. Esta actuación cuenta este año con una partida de 1.790.000 euros, 90.000 más que en la convocatoria del pasado año.

El portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, explicó, tras la celebración del Consejo de Gobierno de este lunes, que el objetivo de este programa “es dar una respuesta con contratos dignos a los altos niveles de desempleo juvenil que registran nuestras islas, y no por falta de cualificación, porque nuestra juventud está cada vez más y mejor formada, sino por los obstáculos del mercado laboral. La realidad es que a los jóvenes cada vez les resulta más complicado acceder a un puesto de trabajo relacionado con su formación si no han trabajado antes; siempre se les exige experiencia laboral y, al final, descartan la idea de trabajar en el ámbito en el que se han formado y acceden a puestos de menor categoría”. “De esta manera -añadió- les damos la oportunidad de ejercer las competencias, conocimientos y habilidades que adquirieron durante su formación académica y les abrimos el camino a su futuro laboral”.

En la actualidad la tasa de desempleo en menores de 25 años es del 32,15%, según la Encuesta de Población Activa (EPA), una cifra cuatro puntos superior al dato estatal.

Como recogen las bases de la convocatoria prevista para su publicación mañana martes en el BOC, los contratos formativos deberán realizarse a jóvenes de 18 a 30 años, con residencia en las Islas, en situación de desempleo, demandantes de empleo en el Servicio Canario de Empleo y con la inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que tengan un título universitario o de formación profesional de grado medio o superior, o de títulos oficialmente reconocidos como equivalentes.

El contrato en prácticas deberá facilitar una práctica profesional adecuada al nivel de estudios. La duración de los contratos en prácticas será de 12 meses y la jornada laboral será a tiempo completo.

Podrán solicitar estas subvenciones entidades, fundaciones públicas y privadas, asociaciones o federaciones, siempre que no tengan ánimo de lucro; quedarán excluidos los partidos políticos y las organizaciones sindicales. Cada entidad podrá realizar un máximo de dos contratos formativos para la adquisición de una práctica profesional por proyecto.

Los proyectos deberán ser de interés público y social y estar dirigidos a jóvenes de Canarias con edades comprendidas entre 12 y 30 años, de forma exclusiva, o que les incluyan de forma significativa (por encima de un 60%) entre una pluralidad de personas destinatarias, y que contemplen medidas en los sectores de actuación de las políticas transversales de juventud que se detallan en la Ley 2/2023, de 1 de marzo, de Políticas de Juventud de Canarias, concretamente en el artículo 44.

La entidad beneficiaria será la responsable de la selección de las personas con las que concertarán los contratos en prácticas. Para ello, deberán presentar en el Servicio Canario de Empleo (SCE) una oferta de empleo dirigida a jóvenes que reúnan los requisitos y el perfil adecuado.

Esta actuación se cofinancia con cargo al Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y por la Comunidad Autónoma de Canarias.

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El Gobierno acuerda prorrogar por un año la Estrategia para la transformación digital de la Administración de Justicia

Se amplía el plazo de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024, con un coste de 930.875 euros

El Consejo de Gobierno ha aprobado en la sesión de hoy, lunes, prorrogar por un año la vigencia de la Estrategia para la transformación digital del servicio público de la Administración de Justicia 2021-2023, dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto. Este acuerdo de Gobierno permite ampliar el plan de trabajo hasta el 31 de diciembre de 2024, con un coste total de 930.875,80 euros.

El Consejo de Gobierno ha tenido en cuenta los grandes avances realizados y la necesidad de completar la amplia variedad de acciones recogidas en la Estrategia para cumplir con los objetivos.

La Estrategia para la transformación digital 2021-2023 dio continuidad a la Estrategia de modernización del servicio público de la Administración de Justicia 2017-2019 con el fin de dar respuesta a la nueva realidad tras el COVID-19 y alinearse con el Plan de Justicia 2030, promovido por el Ministerio de Justicia.

Los objetivos que se enmarcan en la Estrategia de transformación digital son realizar un diagnóstico de la situación actual de la Justicia en Canarias, con especial foco en el impacto de la pandemia, a fin de contar con una visión completa y detallada, tomando como referencia los resultados de la estrategia anterior; alcanzar la transformación digital; establecer un plan de acción y definir mecanismos de seguimiento y comunicación para asegurar su correcta monitorización y divulgación.

Los ejes están dirigidos hacia la eficiencia y profesionalidad en la prestación de servicios, la transformación digital y seguridad de la información, la comunicación y relaciones con el ciudadano y con otras administraciones y el seguimiento y evaluación del Plan.

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El Gobierno de Canarias nombra a Juan Domingo Cabrera Delgado nuevo director general de Patrimonio

  1. Cabrera Delgado tiene experiencia de gestión administrativa en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y en el Cabildo Insular de Tenerife

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado en su reunión celebrada hoy, lunes, día 2 de octubre de 2023, en Las Palmas de Gran Canaria, el nombramiento de Juan Domingo Cabrera Delgado como director general de Patrimonio y Contratación de la comunidad autónoma. Cabrera Delgado estará adscrito a la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea.

Reseña biográfica

Juan Domingo Cabrera Delgado

Director general de Patrimonio y Contratación

Licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna. Experto universitario en Contratación del Sector Público por la UNED. Desde el año 2000 ha ejercido como empleado público en el Cabildo de Tenerife, desde 2003 como funcionario de carrera. Como técnico de la Administración General, rama jurídica, ha desempeñado tareas en las áreas de Fiscalización, Control Interno y Auditoría, Intervención General y Turismo. En 2008 se incorporó al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife como director general de Hacienda y, desde 2015 hasta el momento, ejercía como director general de Sostenibilidad Ambiental y Servicios Públicos del mismo ayuntamiento con competencias añadidas en bienestar animal, sanidad y protección del medio natural.

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