El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha avalado la actuación del Gobierno de Canarias en el proceso de consulta pública previa relacionado con la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas.
La sentencia, fechada el 6 de mayo de 2026, da por finalizado el recurso presentado contra el procedimiento impulsado por la Consejería de Turismo y Empleo, dirigida por Jéssica de León. La normativa fue aprobada por el Parlamento de Canarias el 12 de noviembre de 2025 y entró en vigor el 13 de diciembre del mismo año.
Según recoge la resolución judicial, durante el proceso se facilitó toda la información solicitada, incluyendo más de 5.000 aportaciones ciudadanas registradas dentro del procedimiento participativo.
El TSJC concluye además que no existen incongruencias ni inexactitudes en el desarrollo de la consulta pública y señala que el procedimiento se llevó a cabo con normalidad, garantías y sin irregularidades.
La sentencia también considera innecesaria la realización de una segunda consulta pública, una de las cuestiones que se había solicitado durante la tramitación de la norma.
El director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, aseguró que este pronunciamiento judicial “respalda un modelo de trabajo basado en la transparencia, la participación ciudadana y el rigor técnico”.
