La portavoz de Drago Canarias en Fuerteventura lamenta que el Gobierno de CC y PP anuncie que acudirá al Constitucional para favorecer a empresarios y no para proteger nuestro litoral.
“Por supuesto que estamos de acuerdo con que Canarias posea las competencias sobre sus costas, pero deben utilizarse para proteger nuestros entornos naturales”, sostiene Chacón.
La portavoz de Drago Canarias en Fuerteventura, Aceysele Chacón, considera que el anuncio del Gobierno de Canarias de recurrir ante el Tribunal Constitucional la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de derribar el hotel Oliva Beach de Corralejo no atiende al interés general. Para Chacón, “la reclamación de las competencias de Costas por parte del Gobierno de Canarias es una cortina de humo y no tiene que ver con la protección del litoral, sino todo lo contrario”.
“Por supuesto que estamos de acuerdo con que Canarias posea las competencias exclusivas sobre sus costas”, matiza Chacón, pero añade que “estas competencias deben utilizarse para proteger nuestros entornos naturales, entre otras cuestiones, y no para favorecer los intereses de determinadas empresas privadas”.
En este sentido, Chacón explica que “el hotel está construido dentro del Parque Natural de las Dunas de Corralejo y se ha saltado muchas de las condiciones de la concesión, vertiendo aguas sucias al subsuelo y limitando mediante un vallado la circulación de personas en el espacio público, entre otras cuestiones” y defiende que “este complejo es una anomalía legal y debe desaparecer”.
“Tampoco nos vale la estrategia que están usando las instituciones canarias y el propio hotel de poner a los empleados como escudo”, indica Chacón, y añade que “los trabajadores merecen que se les busque una solución digna y no ser los únicos
damnificados, algo que debería haber comenzado a trabajarse desde hace muchos años, pero eso no quita que el hotel sea ilegal y deba derribarse”.
“En cualquier caso —continúa la portavoz de Drago Canarias en Fuerteventura—, el argumento de las competencias en Costas para frenar la demolición no se sostiene, ya que corresponde actualmente a la Administración General del Estado la declaración de caducidad de la concesión, que fue otorgada por orden ministerial, y porque la zona marítimo-terrestre es de dominio público estatal”.
Además, en el traspaso de las competencias de Costas no se menciona específicamente esta concesión, ni como parte de un acuerdo de la Comisión Bilateral, y la resolución definitiva emitida ahora de acuerdo con el Consejo de Estado pone fin a la vía administrativa.
Esta reacción se produce tras la noticia que daba a conocer Drago Canarias el pasado martes 5 de marzo, cuando hizo públicas las denuncias de varios trabajadores del hotel Oliva Beach, que aseguran haber recibido presiones por parte de la empresa para posicionarse en su favor.
Por último, la portavoz de Drago Canarias en Fuerteventura quiso reconocer “el esfuerzo de asociaciones ecologistas como Agonane y Turcón, pertenecientes a la Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción, por seguir este caso y personarse en la causa en búsqueda de justicia y protección del entorno, que es de todos”.